Considerando que desde el nacimiento de la
República, en 1830, el Ecuador no se había preocupado por la demarcación
definitiva de sus límites, y jamás había mostrado el menor interés en colonizar
y mucho menos en tomar posesión efectiva de las regiones orientales, a
principios del siglo XX el Perú empezó a adentrarse en esos territorios que
alguna vez habían pertenecido a lo que fue el Virreinato del Perú o, en su
momento, al de Nueva Granada.
Ya para entonces, en 1884 el Sr. Pedro Delgado
había sido nombrado con el cargo de
Vicecónsul del Ecuador en Tumbes, y tres años más tarde, en 1887, el Sr.
Benigno Orellana había recibido igual nombramiento para el puerto de Iquitos,
situado en la margen izquierda del río Amazonas. Estos nombramientos no
hicieron otra cosa que confirmar la soberanía peruana en esas regiones que
luego el Ecuador intentaría -sin documentos- reivindicar como propias.
A partir de entonces, el avance peruano hacia las
regiones altas de la amazonía fue constante y, para 1936, el Perú ya había tomado posesión de las cabeceras de todos los
ríos principales que desembocan en el Amazonas. Fue solo entonces que el
Ecuador, queriendo detener lo que ya era inevitable, firmó en la ciudad de Lima, Perú, un documento
llamado Acta del 6 de Julio de 1936, por medio del cual reconoció las
posiciones militares peruanas que se encontraban dentro del territorio oriental
que trataba de reivindicar.
Ese reducido territorio ecuatoriano -que ya no
llegaba a las orillas del Amazonas- fue el Ecuador que el Dr. Carlos Alberto
Arroyo del Río recibió el 30 de agosto de 1940 cuando asumió la Presidencia de
la República.
El 5 de julio
de 1941 -es decir, apenas 10 meses después de haber se posesionado el gobierno
del Dr. Arroyo- y comprendiendo que desde el principio de los tiempos, el mapa
geopolítico del mundo ha sido demarcado primero por las armas y luego por
acuerdos y tratados políticos; la gran maquinaria militar del Perú atacó
sorpresivamente las débiles y mal armadas guarniciones que nuestro país
mantenía en la frontera del sur, y concretamente en la provincia de El Oro.
La intención
peruana era la de obligarnos por la fuerza a una capitulación y lograr la firma
de un acuerdo o tratado que le daría legalidad jurídica a la posesión de esos
territorios orientales que, como hemos visto, mantenía de hecho desde 1936.
Mientras los soldados ecuatorianos rechazaban
heroicamente una y otra vez los intentos enemigos de mancillar el territorio
nacional, la escuadra peruana intentó bloquear el golfo de Guayaquil para
impedir el abastecimiento militar a las provincias del sur, e intentar la toma
de la ciudad. Ante esta situación, nuestra escasa y mal dotada Armada se
preparó para la defensa y el 25 de ese mismo mes se cubrió de gloria en el Combate
Naval de Jambelí, cuando el pequeño cañonero Calderón hirió de
gravedad al buque insignia peruano, «Almirante Villar», y obligó a la escuadra
invasora a retirarse avergonzada y humillada.
Al día siguiente, gracias a la medición internacional
el Ecuador aceptó una tregua y un «alto el fuego», situación que no fue
respetada por los peruanos y que por el contrario fue aprovechada por ellos
para ocupar tres cantones de la provincia de El Oro y tomarse todo el parque de
guerra que existía en dicha provincia.
A pesar de la enorme superioridad numérica y de
armamento que presentaban los invasores, los soldados ecuatorianos defendieron
palmo a palmo el territorio nacional demostrando su patriotismo, espíritu de
sacrificio y heroicidad; pero esto no fue suficiente para detener a un enemigo
que se había preparado durante varios años para dar el zarpazo, y poco a poco,
a medida que se acababan las municiones, los destacamentos ecuatorianos fueron
cayendo en manos enemigas no sin antes ofrecer por la patria hasta su último
hombre.
Por fin, tras largas conversaciones, y luego de
varias treguas y ceses de fuego -siempre rotos traicioneramente por los
peruanos-, se logró «a medias» el definitivo cese de hostilidades, pero el
territorio permanecía invadido por tropas enemigas que nunca pudieron vencer a
los soldados ecuatorianos en el campo de batalla.
La situación de nuestro ejército era verdaderamente
desesperada: La falta de preparación y el escaso presupuesto no permitía la
compra de material bélico, y aunque el pueblo deseaba ir al frente de batalla,
no había cómo armarlo, alimentarlo, ni transportarlo. Fue por eso que en la
Sesión de la Junta Consultiva que se reunió del 19 de enero de 1942, el Ministro
de Defensa Nacional, Crnel. Carlos A. Guerrero -distinguido militar a quien por
sus conocimientos militares y dotes de organización se lo había llamado a
dirigir el Departamento de Defensa a raíz del desastre fronterizo-, presentó
una exposición en la que en algunas de sus partes decía: «...El Ecuador no
tiene ejército para la defensa de su soberanía. En Aviación, cero; En Marina,
dos cañoneras sin munición: El Presidente Alfaro y el Calderón. La defensa de
la costa, nula...
La fuerza de infantería no puede ser atendida
eficazmente por falta de elementos materiales disponibles... La munición en
cantidad estrictamente indispensable, hay que gastarla con rigurosa economía,
para que no llegue el momento de quedarnos sin nada... En estos datos, que dan
la medida de nuestra tristísima realidad militar, tiene la Junta los elementos
de juicio para aconsejar al gobierno el arreglo pacífico del problema o su
solución por la fuerza. Porque, en mi concepto, resistirse al arreglo, sería
escoger la guerra, con la seguridad de la absoluta derrota...
Como soldados estamos obligados a aconsejar la guerra
cuando hay posibilidades de triunfo. En caso contrario, es nuestro deber
indicar la paz... No podemos atenernos a la eventualidad de impedir, si llegase
el caso, un desembarco en Guayaquil...
Si estuviéramos en condiciones de hacer la guerra,
con probabilidades de llegar a la victoria, es claro que no sería otra la
actitud del Ecuador. Pero, en las circunstancias actuales, estoy seguro que no
habría ningún militar, ningún soldado que fuese partidario de la lucha
armada... Si no se llega en estos días, a un arreglo, (el Perú) va a atacar
Guayaquil, empresa para él relativamente fácil de realizar,... tomado
Guayaquil, no podría resistir el golpe, peor devolverlo al Perú...» (La Invasión
Peruana y el Protocolo de Río.- J. Tobar Donoso, p. 429).
Ese mismo día, en sesión de la Junta
Consultiva realizada en Guayaquil, el señor don Luis Vernaza, uno de los
guayaquileños más notables y cuya opinión era respetada y aceptada por toda la
ciudadanía se expresó en los siguientes términos: “El señor doctor Navarro
nos ha planteado el problema en términos claros. Se trata de aceptar uno de
estas dos derrotas: La de los amigos que nos vuelven la espalda (refiriéndose a
los países de América) o las que nos impusiera el Perú después, con el triunfo
de sus armas, en una invasión. Preferible en todo caso la primera, por ser
menos vergonzosa...
En cien años de vida republicana, el
debilitamiento del país ha sido siempre en ritmo más descendente... no pongo en
términos de duda la ocupación de Guayaquil. No es posible defenderla sin
cañones, sin buques, sin nada. El valor solo no cuenta si no se dispone de los
elementos necesarios de defensa... Por todas estas consideraciones sólo nos
queda un camino: la solución de fondo, relativamente honrosa, en Río de
Janeiro, antes que un arreglo posterior, impuesto por las armas”.
Con su territorio invadido por fuerzas militares
peruanas, el Ecuador asistió a la Conferencia de Cancilleres que en los
primeros días de enero de 1942 se reunió en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, llevando ante este organismo internacional nuestro sangrante problema
territorial. La delegación de nuestro país estuvo integrada por notables y
destacadas personalidades jurídicas, políticas y económicas como el Dr. Julio
Tobar Donoso, Ministro de Relaciones Exteriores; el Dr. Humberto Albornoz,
Presidente de la Junta Consultiva; el Dr. Alejandro Ponce Borja, Consultor
Jurídico; el Dr. Eduardo Salazar Gómez, Asesor Económico; el Dr. Enrique Arroyo
Delgado, Ministro en el Brasil; el Dr. Luis Bossano, ex-Ministro de Relaciones
Exteriores; el Dr. Gonzalo Escudero, Ministro en Chile; el Sr. Juan X. Marcos,
Asesor Económico; y el Sr. Carlos Tobar Zaldumbide, Secretario de la Legación
en el Brasil y de la Delegación en Río de Janeiro.
Mientras los delegados ecuatorianos defendían el
honor y los derechos territoriales de nuestro país, en Quito, el 24 de enero,
el Crnel. Guerrero presentó al Presidente de la República la renuncia
irrevocable a su cargo de Ministro de Defensa Nacional, por medio de un
documento en el que destaca que «...en tan adverso estado de cosas;
cómo hacer frente al ejército peruano, organizado, armado, equipado con años de
anticipación, movilizado casi por completo y que cuenta para este año con más
de cuatrocientos millones de sucres, exclusivamente para gastos militares?...
En consideración a la debilidad militar del Ecuador y
a fin de salvar su existencia, he opinado y sigo opinando que el país debe
resueltamente sacrificar sus aspiraciones sobre el Marañón y aceptar sin
regateos la línea oriental que los países mediadores consigan del Perú,
cualquiera que sea. No es así el parecer de la Junta Patriótica y de la Junta
Consultiva, las cuales se adormecen con la patriótica ilusión de que las
aspiraciones nacionales pueden ser grandes, aunque no existan medios para
realizarlas...».
Por otro lado, diferentes observadores militares
opinaron que: «Si el Ecuador se negase a aceptar las condiciones a
proponerse por Perú, se completaría la ocupación de El Oro y se avanzaría sobre
Loja, Cuenca y Guayaquil. No sólo la negación sino aun cuando se produjera una
aceptación a la propuesta, el Perú adoptaría tal conducta si es que el Ecuador
dilata la firma del tratado que finiquite el problema de las fronteras».
La delegación ecuatoriana defendió brillantemente y
por todos los medios legales los derechos territoriales de nuestra patria, pero
las artimañas y astucia de los delegados peruanos lograron embaucar a los
delegados de los países mediadores, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos,
quienes presionaron a los ecuatorianos para que acepten la firma de un tratado
por medio del cual el Ecuador debía de ceder, «en nombre de la paz», gran parte
del territorio oriental y todos sus derechos sobre el río Amazonas.
Nuestra delegación rechazó rotundamente dicho
documento, e inclusive se negó a tratar el asunto mientras el territorio
ecuatoriano estuviera invadido por las fuerzas militares peruanas, pero el
Canciller del Brasil, Sr. Oswaldo Aranha, señaló a nuestra delegación que si el
Ecuador no aprovechaba la oportunidad de la reunión de Río de Janeiro, los
países mediadores se retirarían dejando nuestro destino a la suerte de las
armas, destacando además que «...las pretensiones del Perú son sin límites.
Si no aceptan el Protocolo, después de cinco días el Perú estará en Guayaquil».
Ante esta situación, con la «venia» de los países
«amigos», y en nombre de la paz continental, a la 1:20 de la madrugada del 29
de enero de 1942, en el Palacio de Ytamarati el Ecuador fue obligado -por la
fuerza de las armas y por la diplomacia internacional- a firmar el criminal
Protocolo: Pero hay que destacar que «...de la pérdida de más de 300.000 km2 que se cargan a la firma
del Protocolo de Río de Janeiro, la pérdida neta -con cifras que podemos
exhibir- fue sólo de 13.480 km2. El resto, de facto, lo
tenía ya ocupado, contra todo derecho, el Perú...» (R. P. Jorge
Chacón s.i. revista «Catolicismo», enero de 1965; ver: Acta del 6 de julio de
1936).
La firma del Protocolo de Río de Janeiro significó un
sacrificio muy dramático para nuestro canciller Tobar Donoso, que tuvo que
tomar, en cuestión de horas, una de las decisiones más importantes y dolorosas
en la historia de nuestro país, sin contar siquiera con las facilidades para
comunicarse con el Presidente de la República y menos aún con su aprobación
para la firma del mismo, pero comprendiendo el terrible peligro que se cernía
sobre nuestra patria, enfrentó con su firma el implacable juicio de la historia.
El Protocolo de Río de Janeiro fue firmado por los
cancilleres Dr. Julio Tobar Donoso, por el Ecuador; Alfredo Solf y Muró, por el
Perú; Enrique Ruiz Guiñazú, por Argentina; Juan B. Rossetti, por Chile; Summer
Welles, por EE. UU. y Oswaldo Aranha, por Brasil.
El 26 de febrero de 1942, el Congreso Nacional expidió el decreto
correspondiente que en su artículo único dice: “Apruébase el Protocolo de
Paz, Amistad y Límites firmado en Río de Janeiro, el 29 de enero del presente
año... etc. etc. etc.”: Dos días más tarde el decreto fue sancionado por el Presidente de la
República y el canje de ratificaciones se produjo el 31 de marzo del mismo año
en la ciudad de Petrópolis, en Brasil.
A pesar de ello, en marzo de 1943 el Perú aún
mantenía su maquinaria bélica lista para la invasión, la que sólo fue detenida
por las condiciones del Protocolo.
«El Protocolo de Río devolvió al Ecuador la provincia
de El Oro, contra la voluntad del ejército peruano, que aún hoy no comprende
cuál fue la razón de su obra, de sus triunfos, si la codiciada provincia volvía
a sus legítimos dueños. Los hechos acaecidos en el Ecuador con posterioridad al
Protocolo, nos demuestran que hemos estado en un estado de descomposición que
de no haber puesto ese dique al Perú, en Río, probablemente el Ecuador hoy
sería sólo un capítulo en la historia....» (J. Tobar
Donoso.- La Invasión Peruana y el Protocolo de Río, p. 437).
A raíz del 28 de mayo de 1944, fecha en que fue
derrocado el gobierno del Dr. Arroyo del Río, la Junta que usurpó el poder
publicó un comunicado en el que decía: ”El Tratado de Río de Janeiro entre
el Ecuador el Perú, será mantenido como lo aconsejan los vitales intereses actuales de la patria
ecuatoriana...”; y el 10 de agosto del mismo año, cuando el Dr. Velasco
Ibarra asumió la Presidencia de la República, en su mensaje ante la Asamblea
Constituyente dijo: “Como lo he expresado en este mismo mensaje y en otras
declaraciones y discursos, el Ecuador no quiere alterar la paz del continente.
No quiere revisión de tratados...”.
Posteriormente, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, uno de los
protagonistas del 28 de mayo, y Canciller de dicho gobierno declaró: “El
Protocolo de Río de Janeiro, por el que se puso fin al diferendo limítrofe
entre el Ecuador y el Perú en lo sustancial, es un hecho consumado; y el
Ecuador respetará este pacto internacional”.
A pesar de esa declaraciones que reflejaban la realidad
de lo acontecido, el 17 de agosto de 1960 -pocos días antes de asumir por
cuarta ocasión la Presidencia de la República- al inaugurar en Riobamba el
monumento al Cap. César Edmundo Chiriboga el Dr. Velasco Ibarra cambió
radicalmente lo que había sostenido en 1944 y declaró: “El Tratado de Río de
Janeiro es un tratado nulo. Nosotros no queremos la guerra. Nosotros no
provocamos escándalos en el mundo sudamericano, pero nosotros no reconoceremos
jamás el Tratado de Río de Janeiro”.
A partir de esas declaraciones contradictorias con
relación al Protocolo de Río de Janeiro, se iniciaron una serie de constantes
roces fronterizos que culminarían en conflictos como los de Paquisha y el
Cenepa.
Considerando que jurídicamente
el Protocolo de Río de Janeiro era de nulidad absoluta por la inexactitud de
las informaciones limítrofes, por haber sido firmado bajo la fuerza de las
armas y en condición de país invadido; el Ecuador proclamó ante los foros
internacionales y de derecho su nulidad e inejecutabilidad, pero, en
definitiva, tenemos que aceptar que el único medio a través del cual nuestro
país hubiera podido hacer valer sus derechos era el de las armas, y no
estábamos en condiciones de enfrentar una guerra.
A raíz de la firma del Protocolo de Río de Janeiro
muchos politiqueros desataron una ola de odio en contra de una de las más
grandes personalidades del Ecuador, el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, cuyo
gobierno el Ecuador sufrió la invasión peruana y se vio en la obligación de
suscribir dicho documento, pero «...ni Arroyo del Río, ni su Canciller,
Julio Tobar Donoso -de quien se puede decir que soportó heroicamente el sacrificio
que de él se hiciera- merecen la apasionada e injusta acusación que se les ha
hecho... Años largos de descuido y de mala diplomacia nos condujeron al trágico
final» (A. Pareja Diezcanseco.- Ecuador: Historia de la
República, tomo III, p. 111).
El 26 de octubre de 1998, cincuenta y seis años
después de su firma, el gobierno del Dr. Jamil Mahuad Witt se impuso la misión histórica de concluir el diferendo limítrofe de
nuestro país, firmando el Acta de Brasilia por medio de la cual se
aceptó la decisión de los países garantes que ratificaron en todas sus partes
la validez del Protocolo de Río de Janeiro, y serrando de manera definitiva ese
pequeñísimo tramo de frontera no delimitada, que durante más de cincuenta años
desangró física, geográfica, económica, moral y humanamente a nuestro país.
Se inició
entonces la reivindicación de los doctores Carlos Alberto Arroyo del Río y
Julio Tobar Donoso.
Autor: Efrén Avilés Pino
Miembro de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador
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