Fue una de las
primeras manifestaciones políticas del pueblo quiteño en contra de las
autoridades españolas.
Se desarrolló
entre julio de 1592 y abril de 1593, en época en que don Manuel Barros de San
Millán desempeñaba el cargo de Presidente de la Real Audiencia de Quito;
y tuvo su origen cuando Felipe II, Rey de España, expidió la Cédula Real por
medio de la cual dispuso el pago de un nuevo impuesto del 2% sobre las ventas y
permutas.
Este impuesto
había sido creado con el propósito de equipar una armada que vigilara los mares
de las indias y protegiera el comercio las ciudades y puertos españoles de
América, que constantemente sufrían el ataque de corsarios y piratas que las
saqueaban y quemaban para apoderarse de sus riquezas.
La cédula
-expedida en noviembre de 1591- fue recibida en Quito el 22 de julio del año
siguiente y en ella se establecía que el nuevo impuesto debía empezar a
cobrarse desde el 15 de agosto de 1592. La Audiencia le concedió al
Ayuntamiento de Quito quince días de plazo para que resolviera la aceptación
del impuesto, pero apenas transcurridos dos días esta corporación decidió no
aceptar dicha imposición y elevar al Monarca una petición que la exonerara de
dicho tributo.
Como el gobierno
de la Audiencia no les prestó atención, los miembros del Ayuntamiento acudieron
ante el Procurador -don Alonso Moreno y Bellido- para que sea él quien dirija las
acciones que debían adoptarse para impedir la aplicación de dicho impuesto. A
partir de entonces se realizaron varias reuniones secretas en las que por
primera vez se oyó hablar de ”insurgencia”, concepto que en esa época era
castigado con la horca.
Al conocer de
estas reuniones, el presidente Barros de San Millán escribió al Virrey del Perú
-don García Hurtado de Mendoza- señalando los peligros que se avecinaban y
pidiéndole auxilios militares, a lo que éste respondió enviando una fuerte
dotación de arcabuceros al mando del capitán don Pedro de Arana.
La noticia de la
llegada de refuerzos militares puso en alerta a los quiteños, y las
organizaciones populares y el cabildo prepararon una fuerza de aproximadamente
mil hombres para enfrentar a los realistas, al tiempo que todo el pueblo se
preparó también para una guerra defensiva.
Por su parte,
fray Pedro Bedón -sacerdote dominico quiteño a quien el pueblo admiraba y
respetaba por su talento- realizó importantes declaraciones defendiendo la
obligación de que se escuche a los representantes del pueblo.
Al poco tiempo
las autoridades españolas aceptaron la mediación del padre Bedón y ofrecieron
escuchar a los quiteños, por lo que el pueblo depuso su actitud armada y
permitió la llegada de las fuerzas de Arana sin oponer la menor resistencia.
Sucedió entonces
un hecho verdaderamente vergonzoso, cuando las autoridades españolas, faltando
a su palabra, desataron una feroz persecución en contra de los caudillos y
líderes quiteños. Esta actitud traicionera hizo que el pueblo vuelva a
levantarse en armas, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, pues los
españoles se habían hecho fuertes en la ciudad ocupando los sitios más
estratégicos de la misma, e impidiendo que los quiteños puedan actuar.
Inmediatamente
las autoridades realistas organizaron un tribunal especial y ordenaron la
prisión de los dirigentes y partidarios de la revolución, a los que juzgaron
muy ligeramente y condenaron a muerte.
El 28 de
diciembre de 1592, en la noche, en medio del silencio habitual de la ciudad se
escucharon varios disparos de arcabuz, y cuando el pueblo acudió para ver qué
había sucedido, se descubrió el cuerpo del procurador Moreno Bellido, que
herido de muerte señaló que le habían disparado desde la casa de la Audiencia.
Ese fue el inicio de la
represión. A los patriotas se los ahorcaba por la noche para que a la mañana
siguiente sus cadáveres pudieran ser contemplados por los vecinos de la ciudad
como un escarmiento en contra del pueblo y la revolución. Los revolucionarios,
por su parte, cometieron también varios atropellos y crímenes en contra de los
realistas.
Al conocer el Rey
de España y el Real Consejo de Indias lo que estaba sucediendo en Quito,
desaprobaron airadamente dichos crímenes, pero desgraciadamente las noticias
tardaban mucho tiempo en llegar y fueron muy pocos los que pudieron escapar de
la persecución.
“La revolución de
las Alcabalas, como toda revolución, principió alegando motivos justos; pero
después los autores de ella se lanzaron a cometer crímenes, de los cuales no es
lícito excusarlos. Los caudillos de los motines y levantamientos de la plebe,
no veían ellos mismos el abismo en que precipitaban a la sociedad...
Por otra parte,
la autoridad, ejercida por hombres mezquinos y a la vez apasionados, no tuvo,
como debiera tener, por única norma de sus actos, la justicia, sino el interés
y la venganza. Quito conoció entonces, con dolorosa experiencia, cuales eran
los resultados prácticos de esas revoluciones y levantamientos, en que, con
pretexto del bien común, se buscaba el medro individual” (F. González Suárez.- Historia General de la
República del Ecuador, Tomo II, p. 264).
Autor: Efrén
Avilés Pino
Miembro de la
Academia Nacional de Historia del Ecuador
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