Según
sostiene el quiteño Pablo Cuvi en el capítulo “El Espejo del País”, que aparece
en la obra de la que él mismo es miembro del Consejo Editorial, titulada
“Historia del Congreso Nacional-República del Ecuador”, “Museos, archivos y
bibliotecas de varias ciudades del país fueron visitados para tratar de cubrir gráficamente
una historia que se remonta al 10 de agosto de 1809, cuando los próceres ¿? Se
reunieron en la Sala
Capitular del Convento de San Agustín para declarar que los
territorios de la Real
Audiencia de Quito se independizaban de España…”
Todo
eso es falso, de falsedad absoluta, es decir, una mentira que de tanto ser
manipulada y repetida ha pasado a convertirse en verdad.
La
revolución quiteña del 10 de Agosto de 1809 no fue un movimiento
independentista, sino la conspiración de un grupo de patriotas quiteños, fieles
a España, quienes tenían como único objetivo cambiar a las autoridades que en
ese momento gobernaban la
Audiencia y sustituirlas por un nuevo
gobierno que juró “lealtad absoluta a S. M. Fernando VII”.
Los
acontecimientos se remontan a 1808, año en que Napoleón Bonaparte invade
España, obliga a abdicar al rey Carlos IV, toma prisionero al heredero don
Fernando VII e instala en el trono a su hermano José Bonaparte.
La
influencia de Francia sobre España fue tan poderosa, que no le resultó difícil
al usurpador hacer efectiva su autoridad en las Colonias “La generalidad de
las Autoridades españolas en América parecieron inclinarse ante el hecho
consumado y dispuestos a acatar el decreto firmado por el Consejo de Indias,
que los confirmaba en sus empleos y les mandaba reconocer las cesiones
acordadas… pero no así los súbditos que, para manifestar su adhesión a la
familia real, arrojaron públicamente a las llamas la proclama del Rey intruso y
expulsaron a sus emisarios” (José Le Gouhir.-
Historia de la República
del Ecuador, tomo I, p. 71).
En
efecto, para enfrentar esta situación, en cada provincia y ciudad grande de
España se formaron “Juntas Soberanas de Gobierno” que rechazaron al régimen
usurpador de José Bonaparte, proclamando y defendiendo además los derechos de
Fernando VII. El concepto de estas “Juntas” se impuso también en algunas
ciudades de América, donde se conformaron otras “Juntas” con el mismo y único
propósito de defender los derechos del monarca español a quien correspondía la
corona.
Esta circunstancia fue el pretexto para que Juan de Dios Morales
-quien había sido destituido de su cargo
de Secretario de la
Presidencia de Quito- y Manuel Quiroga -a quien por
irregularidades se le habían prohibido ejercer la profesión de abogado-, resentidos
con las autoridades quiteñas planificaran también la instauración en Quito de
una “Junta Soberana”, con el oculto propósito de vengarse y simplemente cambiar
al Presidente de la
Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, quien había llegado a
Quito en Agosto de 1808.
Fue
así que en Quito, una “nobleza criolla” que no estaba dispuesta a perder los
beneficios y prebendas que le brindaba su condición social, terminaría
aceptando la propuesta de Morales y Quiroga, y sería parte del nuevo orden que
se instauraría.
Con
mucha habilidad Morales y Quiroga convencieron también a distinguidos quiteños
como Juan Salinas, Nicolás de la
Peña, Juan Pablo Arenas, Francisco Xavier Ascázubi,
y el presbítero Dr. José Riofrío, entre otros, con quienes -invocando los
derechos de Fernando VII- se reunieron el 25 de diciembre de ese mismo año en
la hacienda de Chillo de don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, para
organizar la primera Junta Soberana de Gobierno de Quito.
Se
propuso entonces -tal era el objetivo- deponer a las autoridades de la Audiencia que obedecían
a los franceses y nombrar a las autoridades criollas que gobernarían en nombre
de Fernando VII, considerando además -muy seriamente- la posibilidad de que el
Rey venga a gobernar desde América.
“En estas reuniones figuraban hombres de distintas intenciones, aunque
acordes en el plan revolucionario. Los nobles de Quito se proponían simplemente
despojar y suplantar a los funcionarios españoles. Estos revolucionarios, los
más numerosos, habrían continuado sirviendo al Rey, unidos a la madre patria si
se les hubiera asegurado exclusivamente los principales puestos de la colonia.
En realidad, lo único en que pensaban era en la formación de su aristocracia
criolla” (Aguirre Abad.- Bosquejo Histórico de la República del Ecuador,
p. 154).
En
marzo de 1809, debido a una indiscreción cometida por el Cap.
Juan Salinas, los conjurados fueron descubiertos y sometidos a un proceso por
parte de las autoridades españolas, pero gracias a un audaz golpe lograron
robar y hacer desaparecer los expedientes relacionados con el proceso, por lo
que a falta de pruebas condenatorias fueron puestos en libertad.
Los quiteños continuaron reuniéndose, y
noche tras noche, los instigadores Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de
Quiroga; el Cap. Juan Salinas, Jefe de Milicias de
Quito; el cura Miguel Riofrío, párroco de Sangolquí; y algunos más, asistían
secretamente a las reuniones que se realizaban en casa de doña Manuela Cañizares, al parecer uno de los pocos lugares en
los que no era raro ver entrar hombres en la noche (Algunos historiadores sostienen que Manuelita era
una mujer de vida disipada, amante del Dr. Quiroga, que mantenía una casa de
diversión para los quiteños).
“...así se reunieron el capitán Salinas,
Morales, Quiroga, Ante y todos lo hicieron en el sitio que menos podía pensarse
que se fraguaba una rebelión; y era en una casa de lenocinio. La de “La Ñata” Manuela Cañizares...” (Dr.
Roberto Leví Castillo (Rolecas).-
El Telégrafo, Ag. 10/84).
“En la noche en
que se decide lanzar “el primer grito”, los próceres reunidos en casa de una
mujercilla, entre los cuales estuvieron tres clérigos: Riofrío, Correa y Castelo…” (Julio Tobar Donoso.- La
Iglesia, Modeladora de la Nacionalidad, p. 265).
En todo caso, ni
los detalles de su vida privada, ni ninguna de estas “opiniones”, desmerecen en
absoluto la extraordinaria participación de Manuela
Cañizares en el movimiento patriótico de Quito.
En
la noche del 9 de agosto los conjurados se reunieron una vez más en casa de Manuela Cañizares, y luego de ultimar los detalles
relacionados con el movimiento revolucionario, obedeciendo a una propuesta de
Morales y Quiroga procedieron a destituir al Conde Ruiz de Castilla del cargo
de Presidente de la
Audiencia y a conformar una nueva Junta Suprema que
gobernaría a nombre y en representación de S. M. Fernando VII.
Miembros
de esta Junta -auque no estuvieron presentes- fueron nombrados don Juan Pío
Montúfar, Marqués de Selva Alegre, en el cargo de Presidente; el obispo José
Cuero y Caicedo fue designado vicepresidente; como vocales se nombró al Marqués de Orellana, al Marqués de Solanda,
al Conde de Casa Guerrero, al Marqués de Miraflores,
a Don Manuel Zambrano, a Don Manuel Matheus y a Don
Pedro Montúfar; y en los despachos de lo Interior, Gracia y Justicia, y
Hacienda fueron nombrados Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea,
respectivamente.
Esta
nueva Junta Soberana -al igual que la primera- nunca habló de independencia y,
por el contrario, demostró su fidelidad a España jurando lealtad a la Corona y proclamando su
respaldo total e incondicional a su “amadísimo soberano Fernando VII”.
Eran
las 3:00 de la madrugada cuando el Cap. Salinas salió
al mando de un grupo de milicianos para intentar capturar el Cuartel Real de
Lima, al tiempo que otra comisión era enviada para dominar a la caballería.
Salinas no tuvo problemas para tomar el cuartel cuyas tropas, arengadas
ardorosamente por él mismo, se pronunciaron unánimemente por el nuevo orden.
Mientras
esto sucedía, el resto de los complotados que esperaba en casa de Manuela Cañizares tuvo un momento de debilidad que pudo
hacer fracasar el movimiento, pero surgió la figura gigante de la heroína
quiteña que los increpó con esas célebres palabras que inmortalizaron su nombre
ante la historia: “¡Cobardes... hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo....? ¡No hay tiempo que
perder....!”.
La
actuación valerosa y determinante de Manuela
Cañizares impidió que los quiteños abandonen la causa, y a las 5:00 de la
mañana, conociendo ya que el Cap. Salinas había
capturado el Cuartel Real de Lima, el Dr. Antonio Ante se dirigió a la
residencia del Conde Ruiz de Castilla para comunicarle que había sido
destituido del mando, ordenando, además, que sea detenido e incomunicado en su
propia habitación.
La comunicación entregada al Conde Ruiz de Castilla era clara y
directa, y decía que: "La actual situación de inestabilidad de España,
el total aniquilamiento de las autoridades legítimamente constituidas y los
peligros que la Corona
del amado Fernando VII y
sus dominios corren de caer en poder del tirano de Europa, han empujado a
nuestros hermanos transatlánticos a formar gobiernos provisionales para su
seguridad personal tanto en contra de las maquinaciones de algunos de sus
traicioneros paisanos, indignos del nombre de españoles, como contra las armas
del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, resueltos a preservar para
su legítimo Rey y Señor esta parte de su reino, han establecido una Junta
Soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, de la cual, y por orden de
su Alteza Serenísima el Presidente y los vocales, tengo el honor de informar a
Su Señoría y de anunciarle que las funciones de los miembros del antiguo
Gobierno han cesado. Dios guarde a Su Señoría por muchos años. Sala de la Junta, en Quito, Agosto 10
de 1809. Manuel Morales, Secretario del Interior"
(William Bennet Stevenson, quien fuera Secretario
del Conde Ruiz de Castilla.- Veinte Años de Residencia en Sudamérica, p. 73).
(1)
Simultáneamente, otras comisiones partieron también para
capturar al resto de las autoridades españolas, que con todas las
consideraciones fueron detenidas en los cuarteles.
“Mientras los vocales de la Junta designados en
representación de los barrios: Marqueses de Solanda,
de Villa Orellana y de Miraflores y D. Manuel
Zambrano, D. Manuel de Larrea y D. Manuel Matheu,
eran despertados en sus propios domicilios por el Dr. Morales, el Dr. Quiroga y
otros, que les comunicaron las respectivas designaciones, una posta era
despachada al Obraje de los Chillos para dar aviso al Marqués de Selva Alegre y
pedirle que concurriese de inmediata a la ciudad... "para rogarles,
amonestarles y casi constreñirles, a algunos de ellos, a que no negaran su
concurso y desairaran al pueblo, al patriotismo y a la patria en hora tan
critica y trascendental" (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de
1809, p. 212).
¿Significa esto que los tan mencionados “próceres
del 10 de agosto” Marqueses de Solanda, de Villa
Orellana y de Miraflores, don Manuel Zambrano, don
Manuel de Larrea y don Manuel Matheu; así como el
Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, no querían participar en la
revuelta o no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y por eso, en una noche
tan trascendental, no encontraron otra cosa mejor que echarse a dormir?
Eso quedará para el juicio de la historia y la
opinión de los lectores.
Una
hora más tarde, una salva real y las campanas de Quito anunciaron a toda la
ciudad el cambio acontecido, y una banda militar, situada frente al Palacio de la Audiencia, entonó himnos
marciales hasta las 9 de la mañana, hora en que se presentó el Cap. Juan Salinas con las tropas, y por mandato de la Junta procedió a tomarles el
siguiente juramento:
“Juro por Dios y sobre la cruz de mi espada
defender a mi legítimo Rey, Fernando VII, mantener y proteger sus derechos, sostener la pureza de la Santa Iglesia
Católica Romana y obedecer a la autoridad constituida” (William Bennet Sevenson.-
Narración Histórica y Descriptiva de Veinte Años de Residencia en Sudamérica,
Londres 1829 / La
Revolución de Quito 1809 – 1822.- p. 75).
Se
repetía, una vez más, el juramento de lealtad a España y a Fernando VII; pero
nadie consideró que un juramento es un compromiso de honor y que quien lo
incumple es un cobarde o un traidor.
A
las diez de la mañana, quienes habían participado en la revuelta se reunieron
en el Palacio del Presidente con los miembros de la Junta Suprema de
Gobierno y procedieron a suscribir el Acta Constitutiva del Nuevo Gobierno o
Acta del 10 de Agosto de 1809.
Ese mismo día y por disposición del Marqués de Selva
Alegre, en la Plaza Mayor
y ante la presencia del escribano Anastacio Olea,
amparado por el Pendón Real que presidía la marcha de los soldados, el mestizo
Clemente Cárdenas -pregonero de oficio- promulgó el primer bando de la
corporación suprema.
"La Junta
de Gobierno establecida en Quito el 10 de Agosto de 1809, se titulaba Suprema
y debía mandar en la provincia de Quito y las de Guayaquil y Panamá, si
voluntariamente querían unirse, y atribuyéndose el tratamiento de Majestad,
dio a su presidente el de Alteza Serenísima y á sus miembros el de Excelencia
(…) El juramento que hizo la junta y que exigió a cada uno de los empleados y
corporaciones fue de obediencia y fidelidad a Fernando VII..." (Carlos Benedetti.- Historia de Colombia, p. 377; Imprenta del
Universo de Carlos Prince, Lima 1887).
Estos
tratamientos, que constan en el Acta del 10 de Agosto, no hacen otra cosa que confirmar
que no se trataba de un movimiento independentista sino de un golpe de estado
eminentemente monárquico, que no cambiaba absolutamente en nada el estado de
las cosas. Ni siquiera se cambió el estandarte real, es decir, no se izó la
bandera roja con el hasta blanca con la que se ha tratado de identificar al 10
de agosto de 1809, y así lo hacen constar
tanto el investigador José L. Gouhir, en la página 94
de su obra “Historia de la República del Ecuador,
Tomo I”, publicada por el Banco Central del Ecuador (1992), donde hace
referencia a la edición No. 21 de El Porvenir 1885, en la que aparece la
relación de un testigo presencial; como el Hno.
Eduardo Muñoz Borrero, Miembro de la Academia Nacional
de Historia, en la página 681 de su obra “Entonces Fuimos España”.
Pero,
que dice el Acta del 10 de agosto…
El Acta dice: “Nos,
los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes circunstancias
críticas de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones
los magistrados actuales de esta capital y sus provincias (no proclaman
independencia).
Más adelante -refiriéndose a los confabulados con el golpe de Estado,
dice que “compondrán una Junta Suprema que
gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro soberano, el
señor Fernando Séptimo, y mientras Su Majestad recupere la península o viniere
a imperar en América…”
Continúa el Acta
diciendo que “La Junta,
como representante del Monarca, tendrá el tratamiento de Majestad, su
Presidente el de Alteza Serenísima; y sus vocales el de Excelencia, menos el
Secretario Particular a quien se le dará el de Señoría (gobierno
totalmente realista creador de una nueva monarquía criolla).
Inmediatamente,
como sucede hasta hoy, vinieron los aumentos de sueldo.
El Presidente
tendrá por ahora y mientras se organizan las rentas del Estado seis mil pesos
de sueldo, dos mil cada vocal y mil el Secretario Particular.-Prestará
juramento solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral… y sostendrá la
pureza de la religión, los derechos del Rey y de la Patria.
Luego continuaron
los nombramientos y los aumentos de sueldo “…auditor general de guerra con
honores de Teniente Coronel, tratamiento de Señoría y mil quinientos pesos de
sueldo a don Juan Pablo Arenas… y para
que el ejército sirva gustoso y no le falte nada, igual que pasa hoy “…se
aumentará la tercera parte sobre el sueldo actual desde soldado arriba”
Para la más
pronta y recta administración de justicia se creó “…un Senado compuesto de
dos salas Civil y Criminal con tratamiento de Alteza, y se nombrará un
Gobernador con dos mil pesos de sueldo y tratamiento de Usía Ilustrísima.
La revuelta quiteña no era
independentista. Tan no era independentista, que los firmantes del Acta del 10
de Agosto de 1809 nombraron, en representación de los barrios de Quito, como lo
señalamos anteriormente, a distinguidos “Nobles Quiteños”, miembros fieles de la Corona Española,
tales como el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Villa Orellana, el Marqués
de Solanda, el Marqués de Miraflores,
el Conde de Selva Florida, etc, etc,
etc,… Pero el pueblo no participa del nuevo gobierno,
el nuevo gobierno está conformado por esa elite de monarquía criolla que disfrutaba placeres palaciegos en el Quito
conventual de los primeros años del siglo XIX
Y donde se firma el Acta del 10 de Agosto, nada más y
nada menos que en el Palacio Real de Quito, así dice el acta.
El 16 de
agosto, por disposición de la
Junta Suprema y de su Presidente, don Juan Pío Montúfar,
Marqués de Selva Alegre, en la Sala Capitular de San Agustín y al amparo de un
retrato de Fernando VII -ubicado en sitio preferencial-, se llevó a cabo un
Cabildo Abierto al que asistieron con toda pompa y lujo las personalidades más
representativas de la ciudad, del ayuntamiento y del clero; rectores de las
universidades, miembros del Colegio de Abogados, de la Nobleza Criolla y
de la Administración;
militares y religiosas, nobles y vecinos (¿Habrán podido entrar?, lo digo por
el espacio físico).
El
pueblo no estuvo presente. No fue invitado o, posiblemente, por falta de
espacio no pudo asistir; al fin y al cabo, se trataba de un simple golpe de
Estado dado entre gallos y media noche,
sin ningún principio ideológico u orientación política.
En
dicho Cabildo -celebrado seis días después de la asonada- el recién nombrado
Presidente de la Audiencia
de Quito, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, habló de la defensa
del Monarca legítimo y de la propiedad de la patria, y tal lo afirma el Dr.
Aguirre Abad en la página 156 de su documentado Bosquejo Histórico de la República del Ecuador,
don Juan Pío Montúfar ”concluyó excitando a la unión diciendo: Viva nuestro
Rey legítimo y Señor natural Don Fernando VII, y conservándole, a costa de
nuestra sangre, esta preciosa porción de sus vastos dominios, libre de la
opresión y tiranía de Bonaparte, hasta que la divina misericordia lo vuelva a
su trono, o que nos conceda la gloria de que venga a imperar entre nosotros”.
Luego
se enviaron sendas comunicaciones a Lima, Nueva Granada, Cuenca y Guayaquil,
pero nadie plegó al movimiento de Quito.
Es
que el de Quito no fue un movimiento independentista; simplemente se trató de
una asonada que tenía como único objetivo cambiar a las autoridades españolas
que gobernaban la Audiencia,
jurando -eso sí- “lealtad absoluta al amado soberano don Fernando VII”.
El 17 de agosto, por disposición de la Junta Suprema y de
su Presidente, el Marqués de Selva Alegre, en la iglesia Catedral de Quito se
celebró una misa y Te Deum solemnes, con la presencia de los Colegios,
Prelados, Comunidades Religiosas, Nobles y vecinos, quienes prestaron juramento
de fidelidad al Rey, la
Religión y la
Patria.
“Juramos al señor don Fernando VII como a nuestro
Rey y Señor Natural y juramos adherir a los principios de la Suprema Junta
Central, de no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y la de rey alguno
intruso” (Relación del escribano Anastacio Olea, citada por Carlos de la Torre Reyes en la pág.
239 de su obra La
Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809).
La
instauración del nuevo gobierno -no Estado- de Quito, bajo la denominación de la Junta Soberana, fue
comunicada a los cabildos de la
Audiencia y a los virreinatos de Santa Fe y Lima, pero por
tratarse de un movimiento desestabilizador no encontró respaldo que buscaba.
La
reacción de las autoridades españolas no se hizo esperar: Los gobernadores de
Popayán, Guayaquil y Cuenca condenaron el movimiento por atentar contra el
orden establecido, y sofocaron todo intento de anexión ordenando la prisión de
los ciudadanos que podrían estar involucrados en el mismo.
En
Popayán se preparó una fuerza militar para marchar hacia Quito, en Guayaquil,
el gobernador Bartolomé Cucalón hizo detener a don Jacinto Bejarano y a don
Vicente Rocafuerte, por el solo hecho de haber mantenido vínculos de amistad
con Juan de Dios Morales; y en Cuenca, el Gobernador Melchor Aymerich inutilizó rápidamente a quienes podían
identificarse con la rebelión, preparándose también para enfrentar a los
insurgentes.
Finalmente, en Quito empezaron a
aparecer diferentes pasquines -en prosa y en verso- destinados a debilitar y
desacreditar a los rebeldes. Esto se debía -indudablemente- al hecho de que los
quiteños comprendían que no se trataba de un movimiento independentista, y que
lo único que buscaban los revolucionarios era cambiar a las autoridades
españolas que en ese momento gobernaban la Audiencia, pero jurando lealtad absoluta al a
España y a S.M. Fernando VII.
Fue por eso que el 4 de
septiembre, la Junta
Soberana de Quito envió a los pueblos de América un
comunicado -firmado por Quiroga, en su calidad de Ministro de Gracia y
Justicia- que en algunas de sus partes decía: “Pueblos de América: La
sacrosanta Ley de Jesucristo y el Imperio de Fernando VII, perseguido y
desterrado de la Península,
han sentado su augusta mansión en Quito… Pueblos del continente americano:
Favoreced nuestros santos designios, reunid vuestros esfuerzos al espíritu que
nos inspira y nos inflama. Seamos uno. Seamos felices y dichosos y conspiremos
con el único objeto de morir por Dios, por el Rey y por la Patria. Esa es nuestra
divisa. Esa será también la gloriosa herencia que dejaremos a nuestra
posteridad” (Alfredo Ponce Rivadeneira.-
Quito: 1809 – 1812, según documentos del Archivo Nacional de Madrid – Madrid
1960, p. 157-158 / Nueva Historia del Ecuador, E. Ayala Mora, Tomo 6, p. 98).
Y es que la revolución quiteña no solo no tenía
sustento ideológico, sino -lo que es peor- no tenía quien pudiera gobernar la Presidencia de Quito
aunque sea a nombre de Fernando VII. Fue por eso que el 6 de septiembre, es
decir, antes de cumplir un mes de haberse instituido, la Junta Suprema
Gubernativa trató de reponer en el mando al Conde Ruiz de Castilla. Esta
propuesta, apoyada por nueve vocales de la Junta, fue rebatida vigorosamente por Morales y
Quiroga; y esto resulta lógico si recordamos que tanto Morales como Quiroga
sentían gran desprecio por el anciano Conde Ruiz de Castilla, a quien por
ninguna razón querían nuevamente en el poder.
El Marqués de Selva Alegre,
conociendo que desde el Perú venía el Virrey Abascal con intenciones ahogar en
sangre la revuelta quiteña y poner en orden las cosas, con fecha 9 de
septiembre le envió un oficio en el que tímidamente justificaba su conducta
ofreciéndole además arreglar lo más pronto posible esa situación irregular.
"Desde el 22 de agosto, cuando creí que
el primer fervor del pueblo y principales cabezas del suceso del 10 de agosto,
iban calmando, propuse como el único modo de conciliar los ánimos y enmendar
tan escandaloso hecho, reponer en la Presidencia al señor Conde Ruiz de Castilla, y
poner todas las cosas en el estado en que se hallaban antes de esa fatal época"; luego,
para justificar su actuación, indica: "Con este objeto propio de las obligaciones
de un fiel vasallo y ciudadano, he procurado hacer uso de esta confianza que la
miro únicamente como interina y provisional, esperando lograr la ocasión
favorable de reponer las cosas a su debido estado mediante las providencias que
voy tomando de acuerdo con los sujetos más juiciosos y mejor intencionados,
dejando que calme la efervescencia de los espíritus para poder obrar con toda
energía y seguridad sin peligro de que se frustren las medidas de prudencia y
rectitud y conseguir en todo el acierto".
Posteriormente explica la
situación de Ruiz de Castilla, quien por su respetable carácter "es el
principal objeto de la veneración pública"... estoy resuelto con toda
sinceridad y comprometido reservadamente con su Excelencia bajo palabra de
honor de hacer todos los esfuerzos más vigorosos para que se le haga justicia a
su mérito, reponerlo a su puesto y reconocerlo públicamente como a jefe
legítimo, cediéndole gustoso el lugar superior que se me dio contra toda mi
resistencia"- Termina ofreciendo tenerle informado al Virrey de toda
novedad que interese (Manuel María Borrero.- Quito, Luz de
América, p. 57-59 / Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito, p.
280).
Este
oficio, ridículamente humilde y mendicante del Presidente de la Real Audiencia de
Quito, no hace otra cosa que desenmascarar una vez más su débil personalidad y
su voluntad de claudicar vergonzosamente.
El
13 de octubre -por falta de ideales, por incapacidad para administrarla y por
culpa de rivalidades internas- la
Junta presidida por don Juan Pío Montúfar capituló, aunque no
precisamente ante alguna representación de Lima o Santa Fe, sino ante otro
noble criollo, don Juan José Guerrero, Conde de Selva Florida.
El 21 de octubre la Junta Suprema perdió
su sentido, por cuanto el novísimo Presidente publicó un bando mediante el cual
se subordinaba a la
Suprema Junta Central de Sevilla y se ratificaba en sus
principios de fidelidad al Rey, a la Religión y a la Patria. La autonomía
del Gobierno de Quito se desvaneció y perdió su medular esencia revolucionaria.
Exigió igualmente que el Cabildo Civil "jurase fidelidad y obediencia
al Monarca español y a la
Junta Central de Sevilla, depositaría interina de los
derechos de Fernando Vil, amenazados por Bonaparte. El Cabildo acató lo
dispuesto sin hacer reparo alguno…" (Carlos
de la Torre Reyes.-
La Revolución
de Quito del 10 de Agosto de 1809, p. 313 / Alfredo Flores y Caamaño.-
Descubrimiento Histórico Relativo a la Independencia de Quito, p. 8).
Con
estos antecedentes y luego de acordar que no habría retaliaciones ni venganzas,
el 25 de octubre el Conde de Selva Florida devolvió la Presidencia de la Real Audiencia de
Quito al mismo Conde Ruiz de Castilla que la revuelta del 10 de agosto había
derrocado, poniendo fin a 75 días de incertidumbre y zozobra política, que
tuvieron, como única propuesta, el juramento de lealtad a Fernando VII.
Para
entonces y enviado por el Virrey del Perú don Fernando de Abascal y Sousa, ya marchaba hacia Quito el Crnel. Manuel Arredondo
al mando de quinientos soldados, cincuenta artilleros y dos compañías de
“Pardos”.
Su
llegada a Quito, el 2 de diciembre, fue recibida con grandes demostraciones de
júbilo. “Los habitantes de Quito,
confiando en el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el Conde Ruiz,
erigieron arcos triunfales para recibirles y esparcían flores por las calles
mientras pasaban los soldados” (William
Bennet Sevenson.- Narración
Histórica y Descriptiva de Veinte Años de Residencia en Sudamérica, Londres
1829 / La Revolución
de Quito 1809 – 1822.- p. 77).
Dos
días más tarde Arredondo solicitó una orden para
la aprehensión de todos quienes habían tomado parte en la revuelta, y Ruiz de
Castilla, a pesar de haber promulgado por bando que declaraba olvidado todo lo
acontecido desde el 10 de agosto, ordenó la persecución y prisión de los
revoltosos, a quienes de inmediatos se les siguió el juicio correspondiente.
Y
aquí, una vez más vamos a apreciar las verdaderas intenciones y el pensamiento
político de los patriotas quiteños del 10 de agosto de 1809.
Durante el
juicio de “Lesa Majestad” que se siguió en contra de los anarquistas por el
golpe de Estado perpetrado el 10 de agosto, todos y cada uno de los implicados,
juramento de por medio, insistieron y demostraron su fidelidad y amor a
Fernando VII.
Mucho antes de
que se instale el mencionado juicio, ya el Marqués de Selva Alegre, don Juan
Pío Montúfar, había huido de la ciudad de Quito. Tiempo después, en carta de 6 de enero de 1810 dirigida al Virrey don Antonio Amar y
Borbón, decía, entre otras cosas, lo siguiente: "Desde el 22 de agosto
en que creí que el primer fervor del pueblo, y principales cabezas del suceso
del 10, iban calmando, propuse como el único medio de conciliar los ánimos,
reponer en la Presidencia
al señor Conde Ruiz de Castilla y poner todas las cosas en el estado en que se
hallaban antes de esta fatal época, pero el pueblo todavía orgulloso y los
autores de la revolución sostenidos por él, y la tropa, se opusieron a tan
justas medidas, amenazando a mi vida y a la de mi hermano don Pedro Montúfar...” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de
1809, p. 391).
Con relación a Felipe Carcelén, Marqués de Solanda, y Juan José Guerrero, Conde de Selva Florida, “de
la vista fiscal puede deducirse la efectividad con que estos dos vocales de la Junta promovieron al
restablecimiento de Ruiz de Castilla. La traición, la engañifa y el servilismo lacayesco no podían faltar a redropelo en una revolución
tamizada en su superficie y en sus consecuencias con la actitud heroica y la
afirmación viril. El serio e imparcial historiador D. Neptalí Zúñiga anota:
"junto a las cosas más íntimas de la revolución en marcha, actuaban estos
mercaderes de la Patria
con secretas instrucciones de los realistas y guiados por sus propias y
quemantes ambiciones…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito,
p. 434 / Neptalí Zúñiga.- Montúfar: Primer Presidente
de la América
Revolucionaria, p. 455).
El Marqués de
Villa Orellana declaró que “el delito de lesa majestad es atentar contra el
soberano y no defenderlo”. Y añade que participó en la asonada motivado por “un ciego amor a mi infeliz
monarca, un declarado empeño en conservar sus sagrados dominios, tierras y
señoríos y una decidida voluntad de conciliar la seguridad de estos…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de
1809, p. 339-420).
El Cap. Juan Salinas declaró que había elaborado el “plan
para la defensa de Quito y sus provincias con el objeto de conservarlas para
nuestro Soberano y su dinastía…” (Idem. p.
368).
Manuel Quiroga
declaró desconocer quién o quienes convocaron a la gente que se reunió en casa
de Manuela Cañizares en la noche del 9 de 1809 y que
él, al igual que todos los cuerpos políticos, el clero secular y regular,
nobleza y vecindario ilustre, “Juró por el vasallaje a Fernando y a su Real
Familia…” (Idem. p. 372).
El “patriota”
Juan Pablo Arenas dijo que “…no supo el contenido del Acta (del 10 de
agosto)”, luego “se declaró loco” y su esposa -para defenderlo- declaró que él
había sido engañado y que solamente había escrito “lo que le dictaba el Dr.
Morales después de haber invocado los nombres de Dios, del Rey y de la Patria” (Idem. p. 376-377).
El Marqués de Miraflores declaró que a las 3 de la mañana del 10 de
agosto recibió la visita del Dr. Juan de Dios Morales, quien le comunicó que “a
nombre de Fernando VII y para evitar la entrega a los franceses, se había
creado una junta de la que había sido nombrado Vocal por el barrio de Santa
Bárbara” y que aceptó ser parte de la Junta “…porque se invocaba como finalidad del
nuevo Gobierno la defensa del Rey, el nombre de Dios y la felicidad de la Patria” (Idem. p. 422).
El presbítero
Dr. José Riofrío, cura de Pintag, al contestar la acusación fiscal formulada contra él, “no negó
ninguno de los hechos que se le imputaban, los sostuvo afirmando que había
intervenido en ellos con el convencimiento de que obraba con razón, derecho y
conforme a las circunstancias políticas en que se hallaba la Presidencia de Quito
por efecto de los sucesos de España" (Manuel
María Borrero.- Quito, Luz de América, p. 294 – 295 / Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito,
p. 379).
Mariano
Villalobos prefirió “cantar”, y en sus declaraciones “sostuvo que los
principales autores de la revolución fueron Morales y Salinas. Que asistió a la
reunión porque el Dr. Quiroga le dejó un recado convocándolo a ella”, y
que firmó por el barrio de San Blas a pesar de no tener la respectiva
autorización para hacerlo (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito,
p. 383).
Y así, uno a
uno, los “patriotas quiteños del 10 de agosto de 1809” fueron declarando su
inocencia y que su actuación no tuvo otro propósito que defender los derechos
de Fernando VII.
Posteriormente
los patriotas quiteños fueron llevados a prisión, y luego de permanecer
encerrados en los calabozos del Cuartel Real de Lima (2), en Quito, el
2 de agosto de 1810 fueron cruel y sangrientamente asesinados, convirtiéndose
así, de simples anarquistas, en mártires; pero cosa curiosa, ningún miembro de
la nobleza criolla quiteña, ni condes ni marqueses, murieron de esa manera tan
bárbara.
El 19 de septiembre de 1810, apenas un
mes y siete días después de la masacre que sufrió el pueblo quiteño en manos de
las tropas realistas, se instaló en Quito una Segunda Junta Suprema presidida y
convocada por el Conde Ruiz de Castilla y por el Comisionado Regio don Carlos
Montúfar, a la que asistieron, a más del obispo, un representante de cada
cabildo, otro del clero y otro de la nobleza.
Dicha junta -en
su Primera Acta de Instalación- reconoció “la
autoridad suprema del consejo de regencia como representativo de nuestro muy
amado rey Fernando VII...”, y designó al “excelentísimo señor conde Ruiz de Castilla como su presidente” (3).
La instalación
de esta segunda Junta Suprema, que a pesar de la matanza del 2 de agosto repite
su juramento de lealtad a Fernando VII, no hace otra cosa que confirmar que la
revuelta del 10 de agosto de 1809 fue un simple golpe de Estado, que en ningún
momento tuvo intenciones independentistas.
La revuelta
quiteña terminó en una guerra entre los mismos protagonistas del 10 de agosto
de 1809, un enfrentamiento entre marqueses, Sanchistas y Montufaristas, es
decir, seguidores de los marqueses de Villa Orellana y Selva Alegre,
respectivamente, a la que bajo el concepto de divide y vencerás se sumarían
también los realistas y la traición del capitán Feliciano Checa que,
abandonando la causa, se unió también a los peruanos que marchaban sobre Quito.
En
definitiva, el 10 de agosto de 1809 no constituye el “Primer Grito de
Independencia”:
No fue el
primero, porque anteriormente ya se habían producido varios movimientos
revolucionarios independentistas, el primero de ellos en 1806, cuando Francisco
de Miranda, al mando de un ejército que él mismo había conformado, desembarcó
en Coro (hoy Venezuela) para iniciar las luchas por la independencia de la América Española.
El trajo la bandera con los colores amarillo azul y rojo (aunque en diferente
orden, tal lo demuestra el historiador e investigador guayaquileño Sr. Eduardo
Estrada Guzmán), y fue el quien impuso el nombre de Colombia, que quería
dárselo a todo el continente sudamericano, como un homenaje a Colón.
Posteriormente,
el 25 de mayo y el 16 de Julio de 1809, en Chuquisaca
y en La Paz
-respectivamente-, estallaron también los movimientos revolucionarios con los
que se inició la emancipación política de lo que hoy es la República de Bolivia.
Todo esto, antes del 10 de agosto de 1809.
No fue grito porque a penas se escuchó
en los alrededores de Quito; y no fue de independencia, porque jamás hablo de
ella y, por el contrario, sus protagonistas siempre juraron lealtad al Rey de
España.
La revuelta quiteña iniciada el 10 de
agosto de 1809 llegaría a su fin al concluir la guerra entre sanchistas y
montufaristas, cuando a partir de 4 de diciembre de 1811 se instalara el
“Soberano Congreso de Quito” que, integrado por 18 representantes que en teoría
constituían las 8 provincias de la Presidencia de Quito. Estas solo eran Quito,
Guayaquil, Cuenca, Pasto, Quijos, Canelos, Jaén y Mainas;
pero en la práctica, los 18 representantes, que solo personificaban a los
pueblos de Quito y algunas ciudades bajo su jurisdicción y control,
pretendieron declarar -el 11 de diciembre- la Independencia de
España.
¿Cómo podía pretender los 18
representantes del “Congreso Soberano de Quito” proclamar la independencia de
España cuando la Audiencia
aún estaba absolutamente bajo jurisdicción ibérica, gobernada por autoridades
españolas y sin contar con el respaldo de las otras ciudades importantes que la
conformaban?
Este congreso, al igual que había
sucedido con las proclamaciones del 10 de agosto de 1809, reconocía como
soberano al siempre tan amado Fernando VII.
Entonces, ¿a que Independencia,
Constitución y Estado nos estamos refiriendo?
(1) Esta obra fue publicada en Londres
en 1825, y en ella narra lo acontecimientos sucedidos en Quito entre 1809 y
1810.
(2)
Desde hace algunos años, a algún historiador aficionado, o a algún funcionario
o burócrata de tercera clase -aburrido por no tener nada que hacer hasta que
llegue la quincena- se le ocurrió la peregrina idea cambiar el nombre que desde
su instauración había mantenido el histórico cuartel, y ponerle un rótulo que
lo sustituye por el de Cuartel de la Real Audiencia de Quito; así se leía la última
vez que lo visité, en julio de 2009.
(3) La instalación de esta segunda Junta Suprema, que
a pesar de la matanza del 2 de agosto repite su juramento de lealtad a Fernando
VII, no hace otra cosa que confirmar que la revuelta del 10 de agosto de 1809
fue un simple golpe de Estado que en ningún momento tuvo intenciones
independentistas.
Documentos para la Historia de la Vida Pública del
Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, publicados por disposición del general
Guzmán Blanco, ilustre americano, regenerador y presidente de los Estados
Unidos de Venezuela, en 1875; puestos por orden cronológico y con adiciones y
notas que la ilustran, por el general José Félix Blanco – Tomo II, págs. 644 a 646.- Imprenta de “La Opinión Nacional”, Caracas 1875
Autor: Efrén
Avilés Pino
Miembro de la Academia Nacional
de Historia del Ecuador
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