Dr. Gustavo Noboa

Educador guayaquileño nacido el 21 de agosto de 1937, hijo del Sr. Luis Noboa Icaza y de la Sra. Laura Bejarano Icaza.

Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal: primero en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, donde en 1956 se graduó de Bachiller, y los superiores en la Universidad de Guayaquil, donde en 1965 alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia.

Al año siguiente se integró a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como catedrático de jurisprudencia, funciones que desempeñó durante 30 años, habiendo sido por 5 años decano de la Facultad de Jurisprudencia y durante 10 años Rector de la Universidad. Durante su gestión se complementó gran parte de las instalaciones universitarias, se dio gran impulso a las labores de investigación académica, creando para el caso el laboratorio de biología molecular, y se pavimentó y dotó de alcantarillado al campo universitario.

Finalmente se separó de la Universidad Católica y prosiguió su tarea educativa como rector del Blue Hill College de Guayaquil, institución académica relacionada a la Florida Atlantic University, delos EE.UU.

Durante más de 38 años trabajó en el Ingenios San Carlos, el más grande e importante del Ecuador, donde, convencido de la obligación que tienen los hombres de preocuparse por el desarrollo de sus semejantes, apoyó un plan de alfabetización y capacitación dirigido a todos los empleados de dicha empresa, y de manera especial a los cortadores de caña.

A pesar de no ser afiliado a partido político alguno, varias veces fue llamado para desempeñar importantes funciones: fue Gobernador de la Provincia del Guayas durante el gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado, entre marzo de 1983 y agosto de 1984, y durante ese mismo período fue además Presidente de la Junta de Defensa Civil y de la Comisión de Tránsito del Guayas.

En 1995, en calidad de Ministro Plenipotenciario fue Miembro de la Delegación Ecuatoriana que asistió a Brasilia para las negociaciones relacionadas con problema limítrofe que el Ecuador mantenía con el Perú, y en 1998 fue Presidente de las Cuarta Comisión de Medidas de Seguridad y Confianza en el marco de dichas negociaciones.

Ese mismo año aceptó la candidatura a la vicepresidencia de la República, en binomio con el Dr. Jamil Mahuad y, habiendo triunfado en las elecciones, asumió su cargo el 10 de agosto de ese mismo año demostrando, desde el primer momento, la personalidad de un carácter decidido a llevar adelante las funciones a él encomendadas.

Cuando a mediados de 1999 la imagen del presidente Mahuad empezó a deteriorarse por la falta de presencia y definiciones, y se empezaron a escuchar constantes pedidos de su renuncia, en más de una ocasión tuvo el coraje de sostener que no dudaría en asumir la Presidencia de la República en caso de que el presidente renunciara.

A principios del 2000, cuando las decisiones económicas y políticas del presidente Mahuad pusieron al gobierno en una situación que se volvió insostenible, se produjo un hecho sin precedentes en la historia republicana cuando más de diez mil indígenas integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegaron a Quito y -bajo la conducción del dirigente Antonio Vargas y con el contubernio de un grupo rebelde de coroneles del ejército- se tomaron el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y finalmente el Palacio de Gobierno.

La democracia, tan duramente mantenida durante casi veinte años, estuvo a punto de sucumbir; pero la amenaza internacional de que el Ecuador sería aislado económicamente, y el razonamiento oportuno de un grupo de generales de las fuerzas armadas puso fin a la asonada, y en las primeras horas del 22 de enero -ante el abandono del cargo por parte del presidente Mahuad y habiéndose conjurado el levantamiento de los indígenas y los coroneles- de acuerdo con la Constitución asumió la Primera Magistratura del País.

Inmediatamente el Congreso Nacional legitimó la sucesión y cuatro días más tarde -en ceremonia oficial- recibió la investidura como Presidente Constitucional de la República.

Los primeros meses de su gobierno fueron muy difíciles, pues el país atravesaba la peor crisis económica de los últimos cincuenta años de vida republicana, y el descontento popular -sometido a tremenda presión- parecía una bomba a punto de estallar. Al congelamiento de dinero que el pueblo había sido sometido por el gobierno de Mahuad se sumaron la escasez de fuentes de trabajo y una serie exigencias económicas por parte de determinados gremios como los de los transportistas, los educadores y los trabajadores de la salud, que aprovecharon la ocasión para -como es su costumbre- anunciar una serie de huelgas y paros que una vez más pusieron al país al borde del caos.

Afortunadamente el mandatario supo manejar las dificultades con prudencia, decisión y mano firme, y para el mes de julio ya podía sentirse una alentadora recuperación económica y una relativa paz en toda la República.

En agosto de ese mismo año logró una meta que nuestro país había perseguido -inútilmente- durante muchos años: la renegociación de la deuda externa, que fue lograda por el enviado especial Ing. Jorge Gallardo Zavala en condiciones muy beneficiosas para el Ecuador. Ese mismo mes, una vez más la Conaie, por medio de su dirigente Antonio Vargas, anunció nuevas movilizaciones con el propósito de impedir el proceso de modernización del estado, insistiendo en que -si no eran escuchados sus reclamos- esta sería mucho más grave que la que puso fin al gobierno del presidente Jamil Mahuad.

El iluso dirigente indígena -manipulado posiblemente por oscuros intereses políticos, en el que se mezclaban los dirigentes de Petroecuador y de las empresas eléctricas- no consideró que el país se encontraba en franca recuperación, y su anunciada movilización resultó un total fracaso. El pueblo solo quería trabajar.

Para entonces, un acontecimiento más determinó la vida económica del Ecuador: el 9 de septiembre se retiró de circulación el Sucre, y como única moneda empezó a utilizar el dólar norteamericano.

A principios de enero de 2001 nuevamente los movimientos indígenas amenazaron con desestabilizar al gobierno. El mismo Antonio Vargas -que anteriormente había manipulado una fraudulenta recolección de firmas en respaldo de los movimientos indígenas- lideró una nueva marcha hacia Quito planteando una serie de exigencias de política económica, social e inclusive internacional. Inicialmente -de manera estratégica- el gobierno se negó a dialogar con los dirigentes indígenas, quienes el 21 de enero pretendieron repetir los acontecimientos del año anterior; pero el gobierno se mantuvo firme en su decisión, por lo que el movimiento indígena dispuso el bloqueo de las carreteras pretendiendo paralizar el país.

La sierra fue sumisa víctima de los atropellos indígenas, mientras que la costa y especialmente Guayaquil continuaron trabajando y produciendo para que no se deteriore más la situación económica de un pueblo que sabe que el trabajo es la única forma de lograr la superación, y que no estaba dispuesto a permitir que sus necesidades sean manipulas ni por dirigentes de trabajadores sin conciencia ni por políticos inescrupulosos.

Finalmente y para terminar con una situación que estaba perjudicando la economía nacional y la imagen internacional de nuestro país, el presidente Noboa negoció con los dirigentes indígenas algunas concesiones menores y una vez más, creyendo que “habían hecho estremecer al gobierno”, los indígenas se retiraron de Quito, abandonaron las carreteras que habían bloqueado, y volvieron a la triste situación que han mantenido durante más de trescientos años, porque sus dirigentes los han manipulado para obtener beneficios políticos personales, pero nunca se preocuparon por mejorar su nivel de vida ofreciéndoles educación, asistencia médica y mejores condiciones y oportunidades de trabajo.

Dijo entonces el presidente: “Ponerse de acuerdo en el Ecuador ha sido históricamente difícil por la vigencia de la cultura del obstáculo. Incluso para cuantificar a los indígenas hay distintas cifras… Para el Presidente de la República lo importante no es el número sino el hecho de que son ecuatorianos, y lamentablemente la mayoría de ellos son ecuatorianos pobres que merecen se les garantice igualdad de oportunidades para su desarrollo. Son ecuatorianos que han asumido su identidad, y que con justicia reclaman un rol protagónico para cambiar su destino e integrar positivamente el gran motor que nos impulse a todos hacia nuevas y mejores fronteras”

(marzo de 2001).

Ya para entonces, en febrero de 2001 su gobierno había firmado el contrato para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, obra que -al aumentar el fluido de petróleo desde la región oriental- sin lugar a dudas representaría un paso adelante en la búsqueda del desarrollo económico de nuestro país. Pero fue justamente por eso que encontró inmediatos detractores que expresaron “sus dudas” y “temores” con respecto al mismo: la idea, en definitiva, era la de obstaculizar la labor de un gobierno que -por no ser fuerza política- no contaba con el respaldo de ningún partido. Oportunidad única de lograr algo de “troncha” a cambio de ese respaldo que necesitaba.

Pero Noboa no tranzó.

Para mayo de ese año todos querían “hacer escuchar su voz de protesta”: Por un lado se oían las constantes amenazas de las confederaciones indígenas, mientras por otra, los congresistas se oponían a todas y cada una de las actuaciones del presidente, sobre todo a raíz de que este decretó el aumento del I.V.A. (impuesto al valor agregado) del 12% al 14%, para de esa manera poder cumplir con las exigencias de los organismos crediticios internacionales, que se negaban a atender las necesidades económicas de nuestro país mientras el presupuesto del estado no estuviera debidamente financiado. El decreto debió ser derogado.

Antes de finalizar 2001 -el 12 de diciembre- el Ecuador y de manera especial la provincia de Manabí pudieron ver por fin la culminación de un proyecto que había durado más de 30 años, y cuyos trabajos habían comenzado en 1999 “en medio de la incredulidad de la gente y una provincia destruida por el fenómeno del Niño”: la inauguración del transvase de las aguas de la presa Daule-Peripa, hacia las presas de La Esperanza y Poza Honda, obra que transformará en cultivables los extensos pero áridos campos de Manabí, haciéndolos más aptos para la producción agrícola y ganadera que caracteriza a esa provincia.

Fue por eso que en el mensaje que dio al país el 15 de enero de 2002 sostuvo ante el Congreso que “más allá de los malos augurios de quienes están cegados por el odio y el pesimismo, el Ecuador ha empezado a recuperarse… Las relaciones con la comunidad financiera internacional son óptimas: Por primera vez en 17 años se ha cumplido un acuerdo con el fondo Monetario Internacional y el riesgo país ha disminuido”.

Y así era, el proceso no se detenía y a principios del 2002 -gracias a una política adecuada- el País había alcanzado una sustancial recuperación económica. Fue por eso que pudo declarar: “Entregaremos un país con la inflación reducida a un solo dígito, hecho inédito en la historia”.

Otro objetivo del gobierno fue la venta de las compañías telefónicas y eléctricas, que desde su creación se habían convertido en una carga económica para el Estado que -mal administrador como está suficientemente demostrado- debía desembolsar grandes sumas de dinero para su mantenimiento y el de los insaciables y voraces sindicatos. El producto de estas ventas sería destinado al Fondo de Solidaridad, y de él se podrían utilizar -en obras sociales- solo sus intereses o lo que produjera su inversión.

Pero saltaron los opositores, los burócratas y los usufructuarios de la cosa pública, quienes expresaron su rechazo a dichas ventas, al tiempo que los dirigentes sindicales -los mismos que han manipulado la fuerza de los trabajadores durante años, manteniéndolos en el mismo estado de mediocridad- vociferaban sin razonamiento y los indígenas amenazaban con realizar nuevas movilizaciones.

Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos realizados para combatir la corrupción, este fue quizás su enemigo más fuerte, lo que quedó demostrado a mediados de 2002 cuando se descubrió una “red” que operaba desde el interior del Ministerio de Finanzas. Noboa destituyó al Ec. Carlos Julio Emanuel -ministro del ramo- y ordenó que se realice una profunda investigación para descubrir a todos los culpables. A finales de agosto, un informe emitido en Alemania por la organización no gubernamental “Transparency International” calificó al Ecuador como uno de los países más corruptos del mundo y tercero en América.

Justamente por esos días se dio el caso de un alto funcionario español de la empresa petrolera YSP-Repsol, quien acusó a la justicia diciendo: “En el Ecuador los juicios son una subasta: El que paga más gana…” (El Universo, Ag. 28 de 2002).

A pesar de las dificultades sociales, políticas y económicas que debió afrontar, el presidente Noboa logró alcanzar importantes metas que se reflejan -de manera especial- en la obra pública, que concluyó más de 5.000 kilómetros de carreteras en la Troncal de la Sierra o Panamericana, que enlaza el Puente de Rumichaca, al Norte, con Macará, al Sur; la Vía del Pacífico, la Troncal Amazónica, el corredor arterial que enlaza Esmeraldas con Francisco de Orellana, en el Oriente; y las vía San Lorenzo-Ibarra y Loja-Zamora.

Su gobierno llevó agua potable -por tubería- a varias poblaciones se la sierra y de la costa, y de manera especial a la península de Santa Elena, que había esperado por ella durante más de 30 años. Contrató la construcción del puente anexo al Rafael Mendoza Avilés -que une Guayaquil con Durán y al que luego se le dio el nombre de Carlos Pérez Peraso- y confirmó al Municipio Porteño que el gobierno aportaría con el 75% del costo de la construcción de los viaductos en las avenidas Quito y Machala.

En otro campo, firmó el decreto ejecutivo para la transferencia directa del 15% del presupuesto de los municipios “…para que no tengan que mendigar al centralismo por lo que les corresponde por derecho”.

Cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución, a mediados del 2002 Noboa convocó a elecciones presidenciales a las que se presentaron nada más y nada menos que once candidaturas presidenciales en una matizada gama en la que se mezclaron la belleza con la improvisación, la experiencia con la vanidad, constitucionalistas con golpistas, y nuevos postulantes con quienes aspiraban a la reelección.

Así las cosas, en las elecciones realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre del 2002 resultó triunfador el Crnel. Lucio Gutiérrez, quien el 21 de enero del 2000 había participado directamente en el golpe que había derrocado al presidente Jamil Mahuad. Este resultado reflejó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los políticos tradicionales y que buscaba, desesperadamente, un cambio.

Finalmente, el 15 de enero del 2003 finalizó su gobierno, el mismo que entre sus mayores logros tuvo el haber mantenido la paz nacional, una economía relativamente estable, haber reducido la inflación a una cifra menor que el 10% anual y el haber renegociado la deuda externa en condiciones que su gobierno y sus ministros consideraron ventajosa para el país.

Esta renegociación fue el inicio de una serie de denuncias por parte del ex Presidente León Febres-Cordero, quien lo acusó de haber “negociado” con dicha renegociación, en condiciones que perjudicaron al país en 9.000 millones de dólares. Esta acusación se contraponía con el dictamen del Directorio del Banco Central del Ecuador, que con fecha 26 de julio del 2000 dice: “Este Directorio estima que la Comisión Negociadora de la Deuda Externa , ha efectuado todos los estudios y consultas necesarias para ofertar los términos financieros óptimos que equilibran adecuadamente tanto la aceptación como los intereses del país”.

Noboa intentó defenderse de las acusaciones vertidas en su contra, pero las presiones ejercidas por el todavía poderoso Febres-Cordero hicieron temblar a la “justicia” poniendo en peligro la seguridad y la libertad del ex mandatario, al extremo que -sin que existiera una orden judicial de por medio- se empezó a ejercer una sistemática persecución en su contra, implementándose inclusive una ilegal condición de arraigo, que le hubiera impedido abandonar el país, si este hubiera sido su deseo.

Ante esa situación, el 28 de julio del 2003 buscó asilo en la Embajada de República Dominicana, cuya sede pronto fue sitiada por elementos de la policía, que en un “exceso” de celo inclusive intentaron -cumpliendo ordenes superiores- violar la inmunidad diplomática de un vehículo de dicha embajada.

Varios juristas se pronunciaron entonces con relación al asilo solicitado por el ex presidente, uno de ellos el ex vicepresidente de la República Dr. Eduardo Peña Triviño, quien declaró: “…si Gustavo Noboa se ha sentido perseguido políticamente, es una decisión subjetiva de él pedir la asistencia o asilarse en una embajada. Eso significa dos cosas: primero, que se siente perseguido, y segundo, que no tiene confianza en la imparcialidad de la justicia del Ecuador”

(El Universo, julio 29 del 2003).

El gobierno de República Dominicana no dudó en dar asilo al ex mandatario ecuatoriano, pero el gobierno del Crnel. Lucio Gutiérrez empezó a poner toda clase de trabas para retardar la entrega del salvoconducto necesario, y a través de la canciller Nina Pacari declaró que “ni se negaría ni se daría el salvoconducto para que Noboa deje el país”, demostrando de esta manera que en el Ecuador existía una condición de inestabilidad política e inseguridad jurídica.

Finalmente y a pesar de haber sido reiterativo en el sentido de que en el Ecuador no habían perseguidos políticos, el viernes 22 de agosto el presidente Lucio Gutiérrez entregó al ex mandatario el respetivo salvoconducto para que pueda salir del país, documento que solo se extiende a quien en efecto es un perseguido político, pues de no ser así no hace falta dicho documento.

Viajó entonces a la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, donde estableció su residencia y empezó a preparar la documentación necesaria para demostrarle a la “injusticia” su inocencia.

Poco tiempo después publicó en su defensa dos documentadas obras: “Alegatos Contra la Infamia” y “Respuesta a una Infamia”, con las que una vez más demostró la verticalidad histórica que había regido todos los actos que realizó durante su administración presidencial, y la manera como había sido víctima de una implacable persecución política.

En efecto, a pesar de que un informe presentado por dos peritos de la Contraloría General del Estado había determinado que la renegociación de la deuda externa había sido beneficiosa para el país, la entonces Ministra Fiscal Mariana Yépez se negó a aceptar dicho informe y continuó los trámites en su contra, evidenciando con su actuación haber sido “víctima” de algún tipo de presión que le impidió actuar con probidad jurídica.

No fue muy largo -en factor de tiempo- su ostracismo, pues el 30 de marzo del 2005, una providencia dictada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia, Ab. Guillermo Castro Dáger, declaró la nulidad del juicio que por supuesto peculado se seguía en su contra.

Gracias a dicha providencia, el domingo 3 de abril de ese mismo año retornó al Guayaquil donde, con su tradicional buen humor, hizo las primeras declaraciones: “Yo no planeo una venganza para nadie, ya perdoné a todos… pero no me olvido porque no tengo Alzheimer. ¿Cómo olvidar todo el daño que me han hecho?”.

Pero la alegría duró muy poco, el 15 de abril el gobierno del “dictócrata” Lucio Gutiérrez desconoció la Corte de Justicia que él mismo había nombrado, y de inmediato se anularon o se desconocieron los fallos que esta había dictado, por lo que Noboa debió guardar “prisión domiciliaria” hasta el 16 de marzo del 2006 en que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jaime Velasco, entre ahogos y con voz quebrantada leyó el dictamen por medio del cual revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el ex mandatario.

Un año más tarde, con fecha 10 de abril del 2007, la persecución se reanudo cuando la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Pilar Sacoto, Roberto Gómez y Joffre García, tradicionalmente identificados con el Partido Social Cristiano, “…por denuncia de Febres-Cordero (…) ratificó el llamamiento a juicio dictado en contra del ex Ministro de Economía Jorge Gallardo, y del ex Presidente Gustavo Noboa, como autor y encubridor, respectivamente, del presunto delito de peculado en la renegociación de la deuda externa”

(Expreso, abril 11 del 2007).

A principios de abril del 2008, la Asamblea Constituyente convocada un año atrás por el Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, propuso -una vez más- su amnistía. Esta propuesta molestó a un grupo de asambleístas “manejados” por el Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta que, considerando que la deuda externa había sido pésimamente manejada durante su gobierno, quiso entorpecer el proceso. Pero el Presidente de la mesa 10 de Fiscalización y Legislación, César Rodríguez sostuvo que: “Nosotros no estaos juzgando la negociación de la deuda, que sin duda ha tenido un ma­nejo perverso en el país. La am­nistía servirá para hacer una re­paración histórica para quien ha sido perseguido por alguien que ha sido dueño de la justicia, aquel que se declaró “perro con hambre”: León Febres-Cordero»

(El Universo, abril 28 del 2008).