Junta Militar de Gobierno
Posiblemente representa una de las páginas más negras de la historia política de nuestro país en la época contemporánea.
Se inició el 11 de julio de 1963 cuando los jefes de las tres ramas militares: Capitán de Navío Ramón Castro Jijón, de la Marina; Crnel. Luis Cabrera Sevilla, del Ejército; y Tnte. Crnel. Guillermo Freile Posso, de la Aviación; junto con el Senador Funcional por las Fuerzas Armadas, Crnel. Marcos Gándara Enríquez, desconocieron al deteriorado gobierno constitucional del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y proclamaron una dictadura bajo el nombre de Junta Militar de Gobierno.
“Respondían a las órdenes de una potencia extranjera, principalmente del señor Bernbaum, Embajador de los Estados Unidos de América; eso no es secreto, lo han dicho ellos, señalando además que estaban en el rol de pagos de la CIA”
(Dr. Carlos Julio Arosemena, en entrevista con Carlos calderón Chico.- Revista Diners No. 43, Dic. De 1985).
No hubo reacción inmediata contra el cambio de sistema, por el contrario, la Junta Militar de Gobierno fue aceptada como una posible solución a los problemas nacionales. Los primeros pasos de la Junta fueron bien encaminados y el país logró un préstamo internacional con el que se puso en ejecución el llamado “Plan Vial Quinquenal” 1964-1968, destinado a mejorar las carreteras tomando en consideración las diferentes zonas de producción económica; se propugnó a una “Reforma Tributaria” en base a la unificación de impuestos y a un mejor control de rentas; se dictó la “Ley de Reforma Agraria” y se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, IERAC; finalmente, en el campo de la educación se inició un plan de construcciones escolares y se asignaron recursos para desarrollar los programas de alfabetización y educación para adultos.
Pero como siempre sucede con esta clase de regímenes totalitarios y regionalistas, en 1964 el gobierno militar dictó una serie de medidas que harían perder su autonomía económica a instituciones guayaquileñas como la Cruz Roja, SOLCA, la Junta de Agua Potable, el Comité de Vialidad y la Comisión de Tránsito, entre otras.
La Cámara de Comercio de Guayaquil reaccionó con civismo y convocó a las Fuerzas Vivas de la ciudad para que expresaran su rechazo a los dictadores, y el 1 de septiembre el Concejo Cantonal de Guayaquil publicó un manifiesto por medio del cual expresaba su rechazo a la resolución de la Junta Militar de incautar las rentas de las Entidades Autónomas de Guayaquil. No se podía permitir el robo.
Los dictadores propiciaron entonces una serie atropellos contra Guayaquil, y la violencia no tardó en aparecer cuando –luego de que el Cabildo Porteño renunciara en masa- se dictaran órdenes de prisión en contra de los más distinguidos ciudadanos guayaquileños. Ese mismo día –1 de octubre de 1964- se decretó el imperio de la Ley Marcial en Guayaquil.
Al día siguiente también fueron detenidos en Quito importantes personalidades entre las que se encontraba el ex Presidente de la República, Dr. Camilo Ponce Enríquez, entre otros.
El 3 de octubre, la mujer guayaquileña salió a las calles –vestida de negro-, y en patriótica marcha avanzó por la Av. 9 de Octubre hacia la Columna de los Próceres, demostrando su rechazo a la actitud abusiva de quienes trataban de gobernar entre cuatro. Las fuerzas policiales intentaron reprimir la manifestación utilizando gases lacrimógenos y haciendo disparos al aire, pero las mujeres –pertenecientes a todas las clases sociales- no se amedrentaron y avanzaron decididas enfrentando inclusive a las punzantes bayonetas, que debieron rendirse ante su valor y coraje.
Ese mismo día, en la tarde, gracias a la determinación de la mujer guayaquileña, fueron puestas en libertad incondicional todas las personas detenidas.
Finalmente, el 6 de octubre los dictadores comprendieron -a medias- que estaban equivocados, y dictaron los decretos que aseguraban la autonomía de las entidades guayaquileñas.
A pesar de ello, debido a su poca capacidad ejecutiva la Junta dictó una serie de medidas que produjeron un grave impacto en las fuerzas de la producción y el costo de la vida sufrió un notable incremento.
Al año siguiente el descontento popular se hizo escuchar en toda la nación haciendo comprender a los dictadores militares que debían de pensar en “Tocar Retirada”. Ya para entonces su imagen había empezado a desfigurarse y en diferentes ciudades del país se llevaban a cabo violentas manifestaciones en su contra. Vinieron entonces nuevos atropellos: la Universidad de Guayaquil fue invadida por tropas militares y se dispuso la clausura de varios diarios y radiodifusoras de Guayaquil y Quito. Por otro lado, entre los cuatro dictadores –que se habían ascendido vertiginosamente en el escalafón militar- surgieron serias desavenencias que estuvieron a punto de concluir el 29 de noviembre de 1965, cuando el entonces ya Crnel. Freile Posso quiso defenestrar a sus colegas para asumir el mando de manera unipersonal, pero fracasó en su intento y fue destituido sin pena ni gloria.
Al iniciarse 1966 el país reaccionó ante la serie de inmoralidades cometidas por el gobierno, situación que se agravó al conocer la pavorosa magnitud del déficit presupuestario: entonces la protesta y el rechazo al régimen dictatorial empezó a crecer en todo el territorio nacional y una ola de paros, huelgas, reclamos y manifestaciones brotó en todas las ciudades propiciando un clima de gran incertidumbre.
La última semana de marzo el desprestigio del Gobierno de las Fuerzas Armadas alcanzó límites de vergüenza nunca vistos en la historia del país, cuando –al igual que meses antes lo había hecho en la Universidad de Guayaquil- profanó la docta Universidad Central de Quito, allanó su local y apeló a los medios más canallescos que ningún hombre es capaz de emplear. Ese día, “…Paracaidistas armados, bayonetas en ristre, cubierta la retaguardia con ametralladoras, arrastraron de los cabellos a señoritas y jóvenes estudiantes… ametrallaron puertas y en sus puestos de trabajo golpearon salvajemente a decanos, profesores y alumnos…“
(Manifiesto del H. Consejo Universitario publicado en El Telégrafo el 27 de marzo de 1966).
¡Por fin…! el 30 de marzo los dictadores abandonaron el Palacio de Gobierno, y por intermedio del Gral. Telmo Vargas, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ante la presencia de los ex presidentes Sr. Galo Plaza Lasso y Dr. Camilo Ponce Enríquez entregaron el mando supremo de la República al Sr. Clemente Yerovi Indaburu, poniendo fin a la que posiblemente fue la más accidentada y lamentable intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del Ecuador.
Poco tiempo después, la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló convocada por el Sr. Yerovi declaró a los ex dictadores traidores a la Patria, los borró del escalafón militar, les quitó los derechos de ciudadanía y ordenó que la Corte Suprema de Justicia los enjuiciara.