Revolución Juliana

Casi desde el mismo momento en que se fundó la República, en 1830, fue la banca privada y de manera especial la guayaquileña, la que financió todos los gastos del Estado, proporcionándole al erario nacional los fondos necesarios para poder cubrir sus obligaciones.

Para financiar el presupuesto nacional, los gobernantes recurrían a la banca privada a la que exigían empréstitos so pena de ser clausurados o sus fondos confiscados.

Y esto tenía una razón de gran peso: en esa época no existían instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y muchas otras que en la actualidad financian al Estado ecuatoriano.

En esos años, para poder construir carreteras, puentes, hospitales, etc. los gobernantes ecuatorianos debían recurrir a los bancos privados, que fueron, en definitiva, quienes aportaron con sus capitales para empezar a construir la infraestructura del país.

Con esos antecedentes, al llegar 1924 las deudas que el Estado había adquirido con la banca costeña -y especialmente con el Banco Comercial y Agrícola que presidía don Francisco Urbina Jado- se habían convertido en impagables. Con dineros de la banca privada se financiaba la obra pública, se pagaba los sueldos de la burocracia, y se cubrían todos los gastos que el Estado realizaba o debía realizar. Y ese dinero, en su mayor parte, era dinero de Guayaquil.

La situación económica del Estado se agravaba entonces por la gran emisión de billetes sin respaldo en oro que -para poder cubrir estos empréstitos- había emitido dicho banco con autorización del gobierno de turno, contando para el caso con una ley monetaria que lo favorecía en todos los aspectos. Situación similar a la que se viviría posteriormente con las emisiones inorgánicas que de tanto en tanto haría -con el mismo propósito- el felizmente desaparecido Banco Central del Ecuador, que nacería precisamente de la revolución Juliana.

El ejemplo del Banco Comercial y Agrícola fue seguido por otras instituciones bancarias del país, que comprendieron que no había negocio más lucrativo que emitir billetes y concedérselos en préstamo, inmediatamente, al gobierno. Se abrieron entonces las llaves crediticias de la banca privada de todo el país que empezó a emitir sus propios billetes, desde el valor de un sucre en adelante.

Pero esta situación de financiamiento económico también le había dado a Guayaquil -y especialmente a don Francisco Urbina Jado- un gran poder político que se reflejaba en el hecho que, desde las candidaturas para Presidente de la República, para senadores y diputados, hasta los nombramientos de los Ministros de Estado, generalmente impuestos desde las altas esferas del gobierno, debían ser conocidos y aprobados previamente por el poderoso banco.

Así estaba la política financiera del Ecuador, cuando el 1 de septiembre de 1924 ascendió a la Presidencia de la República el Dr. Gonzalo S. Córdova R., quien llegó al poder en momentos en que el pueblo ecuatoriano empezaba a sentir los efectos de una desestabilización económica de características alarmantes, producto del exceso de circulante que no tenía el debido respaldo de oro, y lo que es peor, cuando el pueblo estaba resuelto a no soportar más una elección presidencial basada en el apoyo de las bayonetas, el oficialismo y el poder económico.

En estas circunstancias, el pueblo organizado desató una fuerte y constante oposición al gobierno reclamándole mayor atención a los problemas laborales y exigiendo sustanciales reformas al sistema económico imperante.

Pero el Estado no podía resolver los problemas económicos que había heredado, pues lo primero que debía hacer era cancelarle a la banca privada los créditos que esta le había otorgado, y definitivamente no había dinero.

Era necesario encontrar una fórmula para eliminar a la banca acreedora -de manera especial a la guayaquileña, que era la más sólida y en base a eso ejercía gran poder económico y político- eliminando de paso la obligatoriedad de pagar las deudas contraídas. Solo así sería posible hacer desaparecer una deuda que a principios de 1925 ascendían nada menos que a la cantidad de 36 millones de sucres, cifra que excedía en mucho a la suma de las reservas de todos los bancos guayaquileños.

Así las cosas, el 9 de julio de 1925 estalló en Guayaquil una sublevación de militares jóvenes quienes, bajo la jefatura del Myr. Idelfonso Mendoza Vera, apresaron a las autoridades y constituyeron una Junta Militar de Gobierno. No se derramó ni una sola gota de sangre, pues los generales y oficiales mayores no opusieron resistencia y el pueblo, entusiasmado, se lanzó a las calles para aplaudir y respaldar ruidosamente a los ideólogos de dicho movimiento. En Quito el golpe fue dirigido por el Gral. Francisco Gómez de la Torre, el único de esa graduación que había tomado parte activa en la conspiración.

Pero atrás de este movimiento se ocultaba la figura del Ec. Luís Napoleón Dillon, hombre resentido con la banca guayaquileña y de manera especial con don Francisco Urbina Jado, ya que éste había denunciado con anterioridad sus intenciones de poner en circulación sus propios billetes hipotecarios, tal cual lo denunció en su oportunidad don Víctor Emilio Estrada Sciacaluga.

“Cuando por breves semanas desempeñé el Ministerio de Hacienda, en el año 1934 tuve el derecho de trastear en algunos cajones de ese ministerio, y allí encontré la razón del 9 de Julio. El Sr. Dillon había querido, poco tiempo antes, poner en circulación sus propios billetes hipotecarios emitidos por la Sociedad de Crédito Internacional. Sin pararse en pelillos había ordenado a la American Bank Note la emisión de los correspondientes billetitos, procedió sin mayor trámite a emitirlos y llenó inclusive la formalidad de registrarlos ante un escribano del cantón Quito…

Cuando el Sr. Urbina conoció de este proyecto inflacionista lo comunicó al gobierno y éste impidió que el Sr. Dillon sacara a circular tales billetes. Desde el momento en que el Sr. Dillon se dio cuenta de que el Sr. Urbina y el Banco Agrícola se oponían a estas emisiones inflacionistas se convirtió en un enemigo jurado del Agrícola y de su Gerente, y preparó rápidamente la revolución…

La revolución del 9 de julio no vino realmente por inflación ni por desvalorización del sucre, sino por el despecho de quien quiso emitir billetes falsos y se lo prohibieron…”

(Citado por Guillermo Arosemena Arosemena en “La Revolución Juliana: Evento Ignominioso en la Historia de Guayaquil”, p. 102).

Derrocado el presidente Córdova, los representantes de las unidades del ejército -presididos por el Myr. Juan Ignacio Pareja- constituyeron en una Junta Militar para cuya presidencia fue nombrado el Tnte. Crnel. Luís Telmo Paz y Miño, y que integraron además el Sgto. Myr. Carlos A. Guerrero, el Cap. Emilio Valdivieso, el Sbtnte. Angel Bonilla y el Tnte. Federico Struve.

Esta Junta Militar, a su vez, confió el gobierno a una primera Junta Provisional, que estuvo integrada por el Econ. Luís Napoleón Dillon, principal inspirador político y económico de la transformación; los doctores José Rafael Bustamante y Francisco J. Boloña y los generales Francisco Gómez de la Torre y Moisés Oliva, a quien un día más tarde se le solicitó la renuncia por haber estado muy vinculado con el presidente Córdova; se nombró entonces al Dr. Francisco Arízaga Luque y al Sr. Pedro Pablo Garaycoa.

Esta primera Junta fue sustituida en enero de 1926 por una nueva que los militares formaron, llamando para el caso a los doctores Isidro Ayora, Humberto Albornoz y Homero Viteri Lafronte, y a los señores Julio Moreno, Adolfo Hidalgo Narváez, José Antonio Gómez Gault y Pedro Pablo Egüez Baquerizo; pero este Gobierno Plural sólo se extendió hasta el 31 de marzo, ya que el 1 de abril el ejército nombró al Dr. Isidro Ayora como Presidente provisional.

La Revolución Juliana pretendió iniciar una reforma integral de todos los poderes del Estado, pero con la intención de hacer justicia se cometieron también muchos desacatos. Todo se lo quería hacer de nuevo: Construir, ordenar y disciplinar; y se dictó todo tipo de leyes, la mayoría de ellas, desgraciadamente, de ninguna utilidad.

Llovieron las leyes y los decretos. “Sobraban el desprendimiento y las buenas intenciones, pero también la candorosidad, la inexperiencia y, lo que era más amargo y triste, el país contempló el desatarse de una ola de regionalismo como no hay memoria de otra parecida”

(Vistazo No. 28 / Septiembre de 1956).

Se persiguió implacablemente a don Francisco Urbina Jado “sin duda el símbolo mayor de la plutocracia, pero un excelente banquero, que hizo cuanto pudo por ayudar al desarrollo nacional y al que la ciudad de Guayaquil debíale el progreso de los últimos años”

(Alfredo Pareja Diezcanseco.- Ecuador: Historia de la República).

Al Banco Comercial y Agrícola no solo no se le canceló sus haberes sino que se le impuso una multa de más de dos millones de sucres -cantidad exorbitante para esa época- conduciéndoselo irremisiblemente a la liquidación.

Para entonces fue creada la Caja Central de Emisión y Amortización que tuvo como funciones la de recoger todos los billetes emitidos por los bancos privados y proceder a su correspondiente anulación con excepción de unas cuantas denominaciones que fueron reselladas para su uso. Posteriormente, la misma Caja se encargó de incinerar todos los billetes circulantes, recogiendo a su vez un importante porcentaje de las reservas de oro de cada banco para formar con ella el fondo que permitiera el correcto respaldo y funcionamiento de dicha Caja.

La Caja Central de Emisión y Amortización fue la semilla de la que en 1927 nacería el Banco Central del Ecuador, luego de la aplicación de las medidas sugeridas por la Misión Kemmerer.

(X) Resulta extremadamente raro, por decir lo menos, que Oscar Efrén Reyes, en su Historia General de la República del Ecuador, que por generaciones ha servido de texto oficial, no mencione para nada las verdaderas causas de este golpe de Estado.