Tratado de la Virginia

Como consecuencia de la Revolución Marcista y del Combate de La Elvira con que se puso fin a la dominación política y militar del Gral. Juan José Flores, se celebró en la hacienda La Virginia -propiedad del Dr. José Joaquín Olmedo- una entrevista entre las partes beligerantes, que acordaron firmar un convenio o tratado que pusiera fin a las luchas armadas, garantizando la paz entre ambos bandos y, sobre todo, la situación del ejército y las personas que habían servido al régimen floreano.

En efecto, el 17 de junio de 1845, con la intervención de los señores Pablo Merino, Pedro Carbo y Juan Francisco Millán, por el Gobierno Provisional de Guayaquil; y los señores Juan Hipólito Soulín, Carlos Vincendon y Francisco Gaviño, a nombre del Gral. Flores; se firmó un tratado o convenio que en sus artículos fundamentales establecía que:

«...Los generales, jefes y oficiales de las fuerzas del mando del Gral. Flores, que el Gobierno Provisorio no considere necesarios al servicio, se retirarán a sus casas o al punto que mejor les convenga establecerse, con los honores que les corresponde y sus pensiones, según sus letras de cuartel o retiro...

...Ninguna persona será molestada por sus opiniones pasadas, ni por los servicios que hubiese prestado a los beligerantes...»

Al día siguiente este convenio fue ratificado por los señores José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, miembros del Gobierno Provisorio, y por el propio Gral. Flores, destacándose, en la parte referente a la situación particular de Flores lo siguiente:

«...garantizar su empleo de General en Jefe, sus honores y rentas...

...garantizar sus propiedades particulares...

...proporcionarle la cantidad de veinte mil pesos para que pueda subsistir en Europa durante dos años...

...guardar a su familia las debidas consideraciones y pagar a su legítima esposa la mitad del sueldo que disfruta...

y la seguridad de que pasados los dos años de espontánea ausencia del país, pueda volver a él, sin que se oponga el menor embarazo...»

Desgraciadamente para los gestores de la Revolución Marcista, ninguno de los puntos establecidos en estos convenios fueron respetados y, por el contrario, los quince años de gobiernos marcistas, sucedidos entre 1845 y 1860, persiguieron implacablemente al «Padre de la Patria», a quien le negaron inclusive el grado de General que legítimamente había alcanzado en las luchas por la independencia. La persecución en su contra alcanzó a su familia, que fue desterrada, y a sus bienes, que le fueron incautados.

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