Tratado de Mapasingue
En el año 1859 la situación política del Ecuador atravesó uno de los momentos más críticos de su historia, debido a la conjunción de varios y determinantes factores políticos, económicos y militares.
En efecto, por una parte se dio la reacción ciudadana en contra del Contrato Ycaza-Pritchett, por medio del cual se pretendía pagar la deuda internacional inglesa (préstamos para las luchas de la independencia) con concesiones del territorio nacional; por otra parte incidió el advenimiento de nuevas corrientes políticas representadas por los generales José María Urbina y Francisco Robles, éste en el ejercicio de la Presidencia de la República; y, finalmente, por el alzamiento revolucionario de algunos batallones militares.
Esta situación caótica fue aprovechada por el Presidente del Perú, Gral. Ramón Castilla, quien «llamado por García Moreno» y pretextando que el Ecuador había dado un trato descortés a su ministro Juan Celestino Cavero -quien por cierto era un mal educado-, se presentó al mando de la escuadra peruana para intentar el bloqueo del golfo y la toma de la ciudad de Guayaquil.
A pesar de haber denunciado esta amenaza a las Cámaras, éstas no dieron su apoyo al presidente Robles y por el contrario, el propio Dr. García Moreno acusó de ser una artimaña para mantenerse en el poder, por lo que sin contar con el respaldo del Congreso, el Presidente, junto con el Gral. Urbina, se trasladó a Guayaquil para preparar la defensa de la ciudad.
Se dieron entonces las condiciones que buscaba García Moreno, quien aprovechando la ausencia del Presidente manipuló para que los políticos de Quito desconocieran el gobierno constitucional y proclamaran un Gobierno Provisorio integrado por Jerónimo Carrión, Pacífico Chiriboga y, lógicamente, él. Ante esta situación, Cuenca y Loja también trataron -al igual que Quito- de proclamar un gobierno autónomo, por lo que, mientras Urbina se trasladaba a Quito para defender al gobierno de Robles, éste se dirigió a Cuenca para tratar de sofocar los otros movimientos revolucionarios, dejando entonces como Jefe de la Guarnición de Guayaquil al Gral. Guillermo Franco.
Así las cosas, Franco creyó que había llegado su momento, y el 17 de septiembre de ese mismo año -sin considerar la gravísima amenaza que significaba la presencia de la escuadra peruana en el golfo- propició un cuartelazo y se proclamó Jefe Supremo de Guayaquil y Cuenca, por lo que los generales Urbina y Robles, traicionados en esos terribles y duros momentos por los que atravesaba la patria, tuvieron que abandonar el país.
Para poder afianzarse en el mando de su Jefatura Suprema, Franco acordó firmar con el presidente Castilla un tratado por medio del cual se comprometió a aceptar algunas aspiraciones expansionistas peruanas a cambio de apoyo en dinero, armas, hombres y municiones. Acordadas las condiciones, el 25 de enero de 1860 se suscribió en Mapasingue, con la intervención de los Plenipotenciarios de Castilla y Franco -señores Manuel Morales y Nicolás Estrada-, el vergonzoso y traicionero Tratado de Mapasingue, llamado también Tratado Franco-Castilla.
Dicho tratado, que de hecho era nulo ya que una de las partes -en este caso por parte del Gral. Franco- no tenía autoridad ni capacidad legal para suscribirlo, tuvo un éxito relativo para Franco en lo que respecta a la situación militar, pero en todo el país se levantó una ola de protesta e indignación en contra del mismo.
Unificado el interior bajo la mano del Dr. García Moreno, apareció la figura gigante del Gral. Juan José Flores, quien olvidando antiguas rencillas y enemistades políticas puso su espada al servicio de la patria, y luego de quince años de destierro -consecuencia de la Revolución Marcista y del Tratado de La Virginia- volvió al Ecuador para en campaña fulminante vencer a los aliados Franco y Castilla.
La Batalla de Guayaquil, librada el 24 de septiembre de 1860, salvó al Ecuador, puso fin a los desgobiernos, consolidó la unidad nacional y obligó a que Franco y Castilla abandonen el país para siempre.
El 10 de enero de 1861 se reunió en Quito la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que, por decreto del 2 de abril de ese año declaró: “El pretendido Tratado de Mapasingue es nulo, odioso, sin valor ni efecto.