Tratado García-Herrera

Desde el nacimiento de la República del Ecuador, en 1830, al momento de determinar sus límites tanto Ecuador como Perú expusieron sus alegatos jurídicos dando origen a lo que se denominó «pretensiones máximas», que para el Perú se extendían hasta las estribaciones de la cordillera oriental de nuestro país, y para el Ecuador hasta Tumbes y el Brasil.

Esta situación de conflictos limítrofes propició una serie de arreglos y tratados que de alguna manera pretendían determinar los límites de los dos países, hasta que en 1887, buscando una solución definitiva, las dos partes, representadas por sus ministros Modesto Espinoza por el Ecuador y Emilio Bonifaz por el Perú, firmaron un acuerdo por medio del cual ambas partes aceptaban someter a la decisión del Rey de España, como árbitro de derecho, las cuestiones pendientes entre ambas naciones.

Perú exigió entonces la devolución de la provincia de Guayaquil (que comprendía casi toda la costa del Ecuador), alegando que ésta, desde 1803 hasta 1819 había estado sometida a la jurisdicción del Virreinato de Lima. Por su parte, Ecuador presentó un alegato en el que señalaba que, hallándose en vigencia los Tratados de Girón y de Guayaquil, firmados en 1829, luego de la Batalla de Tarqui, la única cuestión pendiente entre los dos países era la demarcación de los límites a cargo de una comisión creada para el efecto.

Los dos países consideraron que el laudo arbitral del Rey de España no tendría ninguna validez por ser simplemente una solución conciliatoria, y acordaron suscribir en Quito un nuevo tratado de límites.

Reunidos en la capital ecuatoriana los ministros Dr. Pablo Herrera por el Ecuador y Dr. Arturo García por el Perú, el 2 de mayo de 1890 se firmó el Tratado Herrera-García por medio del cual el Ecuador quedaba en posesión de la margen izquierda del río Amazonas, desde sus orígenes en la cordillera oriental de los Andes, donde nace con el nombre de Marañón, hasta la desembocadura del Pastaza en aquel, quedando para el Perú todos los territorios desde dicha desembocadura hasta los límites con el Brasil. De esta manera, y buscando solucionar las diferencias limítrofes, el Ecuador cedió al Perú gran parte los derechos que reclamaba sobre la hoya amazónica.

Este tratado, que fue aprobado y ratificado por el Congreso del Ecuador el 19 de junio del mismo año, no lo fue por el del Perú que trató de modificarlo en varios sentidos, por lo que posteriormente, el 25 de julio de 1894, el Congreso de la República, reunido en Quito, declaró insubsistente el Decreto Legislativo que había lo había aprobado.

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